Paro cruceño de 2022 es visto como el ocaso del centralismo y una jugada de marketing

Brújula Digital |21|12|22|

Santa Cruz llevó adelante en 2022 un paro de 36 días histórico para su región. Empezó la protesta para exigir al Gobierno que el censo se realice en 2023 y terminó con el planteamiento de una nueva relación con el Estado. Dos analistas tienen lecturas distintas sobre esta movilización. Para Carlos Valverde es el fin del centralismo y para Andrés Gómez, una jugada de marketing.

Esta medida de protesta fue cumplida entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre. Un antecedente inmediato de paro cruceño extendido fue el de 21 días, cumplido en 2019, para rechazar un presunto fraude electoral promovido por el MAS y que terminó con la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Las pérdidas económicas a causa del paro de 36 días, según el Gobierno, alcanzaron a unos 1.200 millones de dólares. Hubo cuatro muertos y 178 heridos durante los enfrentamientos entre grupos que apoyaban el paro y otros afines al MAS que rechazaban la medida de protesta.

El paro indefinido fue una sugerencia de un cabildo realizado a fines de septiembre, luego de que el Gobierno no atendió su demanda, pese a paros de 24 y 48 horas, de que el Censo Nacional de Población y Vivienda se desarrolle en 2023, para que sus resultados sean aplicados en los comicios generales de 2025. El empadronamiento censal estaba previsto para noviembre de este 2022, pero aún faltaba trabajo precensal, por lo que tuvo que ser postergado.

Cuando el paro indefinido se llevaba a cabo y el Gobierno aún no atendía su demanda, Santa Cruz sostuvo otro cabildo, el mismo que dio un giro a la demanda cruceña porque aprobó cinco preguntas. La segunda de ellas señalaba: “Delegar al Comité pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que revise la futura relación política de Santa Cruz con Bolivia”.

El asesor del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz, Jorge Santistevan, explicó que esa pregunta buscaba un nuevo modelo de Estado, el mismo que podía alcanzar el federalismo o la Confederación de Estados.

El paro cruceño fue levantado el 26 de noviembre, luego de que en la Asamblea se empezó a aprobar la ley que garantizaba la realización del censo en 2024 y que sus resultados iban a servir para la redistribución económica a las regiones y de escaños parlamentarios con miras a las elecciones generales de 2025.

Para el analista Valverde, el paro cruceño logró establecer las líneas de una propuesta encaminada a fijar una nueva relación con el Estado, que no siempre puede ser federalismo, sino a plantear un nuevo modelo, frente al centralista.

“El modelo centralista, para nosotros los cruceños, se acabó o ya no funciona. Lo que ahora estamos haciendo es una nueva relación del Estado. No hay duda de que estamos en un escenario diferente democrático y constitucional, a nadie se le va a ocurrir salirse de la Constitución”, sostuvo Valverde, cuando aseguró que los nuevos planteamientos estarán enmarcados en las leyes vigentes en el país.

En el marco del nuevo tipo de relacionamiento de esa región, Valverde sostuvo que uno de los planteamientos será la distribución de los recursos en un 30% para el Estado y un 70% para los departamentos, el mismo que reemplazaría al actual 82% para el Estado y 18 para las regiones. En este caso, acotó, se achica el Estado.

Advirtió que la definición de este nuevo relacionamiento será una de las tareas más importantes para 2023, así como la ratificación del modelo de desarrollo productivo cruceño.

Valverde destacó la “pedagogía” que significa para las nuevas generaciones la realización de los cabildos, especialmente de noviembre, debido al poder de convocatoria que se tuvo. Indicó que los jóvenes no habían visto una reunión de estas características desde hace más de 15 años.

Una visión distinta sobre el planeamiento de la movilización cruceña es expuesta por Gómez, quien advierte que sólo hay una “jugada de marketing”.

“Esta propuesta ha sido una salida al conflicto que no lograba una adhesión de una gran parte de la población boliviana (para el censo en 2023). Ha sido una forma de darle fin al conflicto y dar la sensación de que no han sido derrotados. Pienso que ha sido una jugada de marketing”, afirmó Gómez.

En criterio de Gómez, no hay condiciones para plantear la nueva relación con el Estado, con el modelo federalista. Sostuvo que jurídicamente no procede, ya que puede ser entendido como una sedición o un atentado contra la unidad del país. Advirtió que este es un elemento que fue introducido por la parte más radical del movimiento cruceño y que está muy lejos de concretarse, pues hasta ahora no se conformó la comisión que deberá realizar el trabajo.

Para implementar el federalismo, explicó Gómez, se requiere una reforma constitucional, que conlleva a todo un procedimiento. En la vía política indicó que primero tiene que haber acuerdo entre todos los departamentos, pues no se sabe si todos están de acuerdo, y tampoco hay un consenso entre políticos. Otro elemento que resaltó es que ni siquiera se hizo funcionar la autonomía.

Valverde y Gómez cuestionaron la posición del Gobierno frente al paro cruceño, el mismo que fue rechazado por sectores afines al MAS con un cabildo y movilizaciones que intentaban levantar los bloqueos de calles y avenidas.

Al Gobierno ya no se surtió la denuncia de un golpe de Estado, sostuvo Valverde, quien destacó la vocación antigolpista que tiene la población cruceña desde épocas pasadas.

Gómez lamentó que el Gobierno haya endilgado la negligencia y los errores de funcionarios públicos en la ejecución del censo este 2022, como estaba previsto, a las personas que reclamaban la realización de la actividad censal.

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