APDHB y el intento de gestar un nuevo paralelismo en Bolivia

Especial

Brújula Digital |19|12|22|

Claudia Soruco

“No voy a permitir que logren ganar con los intentos de tomar esta institución”. Fueron las contundentes palabras de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), al denunciar un año atrás la intención de afines al partido de gobierno en crear una representación paralela.

Pasaron meses complicados para esta instancia, entre pugnas legales, hostigamiento e intromisión política, empero, Carvajal continuó su labor de acompañamiento, denuncia y defensa de los derechos de sectores, particularmente, indígenas y campesinos.

Hubo diferentes conflictos e intentos de deslegitimar a esta instancia defensora de los derechos humanos. Incluso la presidenta de la APDHB ya de 83 años de edad fue víctima de insultos y agresiones durante movilizaciones en la ciudad de La Paz.

El 25 de agosto de 2021 un grupo de personas se instaló en puertas de la Asamblea, pretendían tomar el lugar forzando el ingreso y exigiendo la destitución de Carvajal. Los carteles que identificaban a este grupo llevaban consignas como “Comité Impulsor del juicio por el golpe de Estado de 2019”.

Este fue el tercer intento de toma de la APDHB (17 de enero de 2014 y el 6 de febrero de 2017 hubo hechos similares).

Y en noviembre de 2021, Carvajal alertó de una nueva arremetida para gestar un paralelismo institucional, como ocurrió en el país en casi una veintena de organizaciones sociales – ciudadanas desde hace una década. “Quieren tomar la casa de los derechos humanos, por lo cual responsabilizamos de antemano al gobierno, ante cualquier hecho que ponga en riesgo nuestra integridad institucional e individual”, manifestó.

Convocatoria irregular para una elección

Y ese mismo mes, se emitió una circular para un congreso que buscaba elegir a un nuevo representante de la APDHB, convocatoria que Carvajal calificó de “apócrifa”.

“Además de confundir a los que luchan por los derechos humanos, esa convocatoria podría ser un nuevo intento de afectar nuestras actividades y de tomar la Casa de los Derechos Humanos, por lo cual responsabilizamos de antemano al gobierno, ante cualquier hecho que ponga en riesgo nuestra integridad institucional e individual”, denunció la presidenta de la institución.

Pese a esta advertencia de gestar nuevamente un paralelismo en el país, el 17 de diciembre de 2021, medios de comunicación y fuentes cercanas a la APDHB aseguraron que grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) consolidaron con una votación una directiva de la institución con la designación de Edgar Salazar como presidente (hasta entonces  vicepresidente de la APDHB y además encargado de convocar dicha elección). También se determinó desconocer la legitimidad de Amparo Carvajal.

Horas más tarde se conoció que David Inca, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, denunció que no fue parte de ese congreso, mientras que los representantes de Tarija y Oruro rechazaron y cuestionaron esa elección.

“Me dicen que soy muy tranquila al no darle importancia (a la conformación de esta directiva). No sé si es porque me he acostumbrado a tanto paralelismo”, manifestó Carvajal a los periodistas.

No quedó sólo en ese nombramiento paralelo, porque a los pocos días esa “nueva” directiva anunciaba su intención de denunciar ante organismos internacionales a Amparo Carvajal por “intentar dividir y perpetuarse en esa institución”.

“Vamos hacer una representación como Derechos Humanos de La Paz en coordinación con el presidente de la Asamblea, porque ésa fue la premisa de la nueva directiva y la presidencia, de informar todas las actuaciones que desarrolló Amparo Carvajal al no pronunciarse en 2019 en defensa de la población más vulnerable y menos respetó a los estatutos internos de la propia Asamblea”, afirmó la asesora jurídica de la APDHB, Elena Rojas.

Un cúmulo de acusaciones fue sumando contra Carvajal, la gran mayoría en el contexto de la posición de la APDHB sobre las muertes en Senkata en 2019.

“Hemos dado nuestro respaldo total a las acciones que se están emprendiendo por los familiares de las víctimas de Senkata, Sacaba y Huayllani y en ese marco vamos a brindar todo nuestro trabajo y de manera conjunta entre familiares de las víctimas de las masacres de 2019 y la Asamblea de Derechos Humanos vamos a exigir justicia y no solo al Estado, sino ante aquellos intentos de poder gestar una ruptura del orden constitucional por parte de embajadas en nuestro país”, manifestó Salazar en una primera entrevista con la red ATB tras esta elección.

De acuerdo a reportes de diferentes medios de comunicación y activistas, Salazar fue identificado como militante del MAS, al igual que el grupo que encaminó su elección en un edificio de la Federación de Mineros y no en instalaciones de la APDHB.

A esta pugna por la Asamblea se suman Impuestos Nacionales y el gobierno

El 13 de agosto de este año, Impuestos Nacionales anuló a Carvajal la representación legal de la APDHB y reconoció a Salazar como representante de esa institución, otorgándole el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la institución.

“Grande fue mi sorpresa cuando me indicaron que mi persona ya no figuraba como representante legal de la Asamblea. Es lamentable el accionar de personas que se hacen pasar como representantes de nuestra institución, como ser el señor Edgar Salazar Limachi, quien no representa a la institución”, manifestó Amparo Carvajal en una carta enviada a Ranulfo Prieto, gerente distrital de Impuestos- La Paz.

A raíz de la decisión del SIN, la APDHB no pudo entregar los aportes a las AFP y las planillas de pago al Ministerio de Trabajo de una única persona que trabaja en esta institución: el recepcionista. Todas las otras personas que trabajan en la Asamblea son voluntarias.

“Yo tuve que renovar el NIT. Porque es un NIT de más de 40 años y ahora nos lo arrebatan de la noche a la mañana por una persona que dice ser el presidente y pues se lo dan así en Impuestos”, explicó Carvajal.

A este conflicto se suma también la denuncia de la ocupación no autorizada por parte de Salazar de un inmueble perteneciente a la Asamblea, en la calle Oruro de la ciudad de La Paz (septiembre de 2022).

“Esto es propiedad de la Asamblea, sigo siendo presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, es lo que se determinó en la última asamblea. Ellos no son los dueños, pero tienen el apoyo de Impuestos Nacionales”, denunció con llanto a los medios de prensa.

Frente a esto, Carvajal encaminó una denuncia formal contra Salazar por “usurpación del Número de Identificación Tributaria (NIT) y al allanamiento de un inmueble de la APDHB”.

De acuerdo al informe que ella emitió el 3 de octubre la Fiscalía de La Paz admitió dicha demanda contra el presidente de la institución paralela.

En medio de este conflicto, en octubre se hizo pública una carta de respuesta (del 12 de julio de 2022) de Gustavo Torrico, viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, a Salazar, donde se compromete a intervenir en esta problemática.

“Debo informar, de acuerdo a la reunión sostenida en fecha pasada, que se tomarán las acciones necesarias para sanear el bien en cuestión (inmueble de la APDHB), mismos que están en patrocinio del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional”, detalla la carta de Torrico.  

Carvajal denunció que esa misiva era la muestra de una “injerencia absolutamente arbitraria desde el Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental”.

“La afirmación, por escrito y a través de una nota oficial, del viceministro Torrico no deja dudas respecto a la intención explícita de esa cartera de gobierno de inmiscuirse de forma totalmente ilegal y fuera del marco de sus atribuciones en el funcionamiento de una organización defensora de derechos y de facilitar y legitimar la creación de organizaciones paralelas con fines político partidarios”, denunció la presidenta de la APDHB.

Reconocimiento social y ratificación de Carvajal en la presidencia

Mientras el conflicto y pugna por la APDHB se encaminan, diferentes sectores, instituciones y medios de comunicación mantienen el reconocimiento a Amparo Carvajal como legítima presidenta de la institución.

El pasado 4 de mayo, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, recibió el “Premio Libertad”, de manos de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

“Su nominación ha sido por unanimidad, podría decirse que antes que usted fuera propuesta, usted ya estaba designada para recibir este premio. Desde la primera versión de este premio, será un signo distintivo que usted forme parte de la galería de figuras destacadas, reconocidas por la ANP”, dijo el primer vicepresidente de la ANP, Pedro Rivero.

En agosto, el Club de Ginebra anunció la postulación de Carvajal al premio “Martin Ennals”, que reconoce a personalidades destacadas en el campo de la defensa de derechos en todo el mundo.

Y tras una reunión de carácter nacional con las representaciones departamentales, el pasado 15 de septiembre, Carvajal fue ratificada como presidenta de la APDHB.

“Se ha procedido a la elección del nuevo comité ejecutivo encabezado por la compañera Amparo Carvajal, la vicepresidencia es ocupada por Marina Vargas de La Paz y la secretaria general por la compañera María Eugenia Cárdenas, también de La Paz”, informó tras la votación, el dirigente chuquisaqueño de la institución, Freddy Jiménez.

Y frente a este panorama, queda en el tintero la siguiente pregunta: ¿este intento de paralelismo aplacará la legitimidad de la APDHB histórica presidida por Amparo Carvajal Baños?

BD