El Gobierno y la justicia insisten en que Añez no fue presidenta de Bolivia

Brújula Digital |10|12|2022|

Jeanine Añez no fue presidenta y por tanto no merece un juicio de responsabilidades aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Al menos esa es la conclusión a la que se puede llegar después de las acciones del ministerio de Justicia y tribunales de justicia que desconocen el mandato de la exmandataria que gobernó el país desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2022 después de la renuncia y fuga de Evo Morales.

El ministerio de Justicia planteó ayer a la Fiscalía que Añez sea incluida en el juicio ordinario por las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en 2019.

"Se ha presentado una solicitud de ampliación de denuncia a la Fiscalía General del Estado por el caso de las masacres de Senkata y Sacaba. Dicha solicitud está radicada en la Fiscalía Departamental de La Paz y la Fiscalía Departamental de Cochabamba", informó ayer César Siles (viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales).

En este caso son juzgados jefes militares y policiales que comandaron el operativo ante la violencia generada por grupos leales a Evo Morales después de su salida a México.

Los fundamentos del ministerio de Justicia para solicitar el juzgamiento de Añez en la vía ordinaria es la existencia de dos fallos judiciales que determinar juicio ordinario para la exmandataria.

Los delitos por lo que se investigará a la exsenadora son genocidio, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, lesiones graves, lesiones leves y otros.

La ley de juzgamiento de altas autoridades señala que el presidente y el vicepresidente de Bolivia tienen derecho a un juicio de "privilegio".

El artículo 12 de dicha norma señala que "la Presidenta o Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional, serán enjuiciados cuando en el ejercicio de sus funciones cometan uno o más delitos que a continuación se mencionan: Traición a la Patria y sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero; violación de los derechos y de las garantías individuales consagradas, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución; anticipación o prolongación de funciones, concusión; exacciones, genocidio, soborno y cohecho".

Legalmente correspondería que Añez afronte un juicio de responsabilidades, según la defensa y abogados constitucionalistas; sin embargo, la justicia negó hasta ahora esa posibilidad a la exmandataria.

En el caso denominado EBA determinó su juzgamiento como a una ciudadana más pese a que la designación de una autoridad por la que se la observa la realizó en calidad de presidenta de Bolivia.

Lo mismo ocurre con los casos Senkata y Sacaba. El operativo militar-policial que derivó en masacre fue emitida por Añez y su gabinete.

El abogado de Añez, Luis Guillén, lamentó que la justicia no haga prevalecer lo que en derecho corresponde por lo que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer conocer las vulneraciones al debido proceso.

El viceministro Siles apuntó que aún está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a un amparo constitucional presentado por la defensa de Añez.

Una vez que se agote la "vía interna" de juzgamiento en Bolivia se abre el escenario internacional.

Desde el inicio del mandato de Luis Arce se negó la presidencia de Jeanine Añez como un mandato legal porque supuestamente accedió al poder por un "golpe de Estado" contra Morales, pese a que la exsenadora asumió el cargo en sucesión constitucional ante la renuncia masiva de las autoridades para asumir ese desafío.

BD/JCV