Paralelismos en organizaciones sociales y cívicas, una constante del MAS para anular divergencias

Claudia Soruco

Especial para Brújula Digital |08|12|22|

(Escuche el podcast aquí)

Pasó más de una década desde que la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y Conamaq se alejaron del denominado Pacto de Unidad, afín y leal al presidente de entonces, Evo Morales. Si bien desde el 2009 ya se daban indicios de desacuerdos y tensiones de estos sectores con el gobierno, fue la VIII marcha en defensa del TIPNIS, en 2011, que rechazaba la construcción de una carretera, la que fragmentó a estas bases campesinas e indígenas.

Desde el partido oficialista del MAS se gestaron direcciones paralelas en cerca de una veintena de organizaciones sociales y cívicas para debilitar sus demandas y discursos divergentes, particularmente de sus líderes. Y estos paralelismos se iniciaban por lo general en reuniones no consensuadas para la elección de nuevas cúpulas.

En el caso de la Cidob, uno de los movimientos indígenas más grandes e importantes del país, se encaminó una reunión cuestionada (el 11 de julio de 2012) para desconocer a su presidente de entonces, Adolfo Chávez, e imponer en ese cargo a Melva Hurtado. Estas pugnas se dieron a raíz del debate de realización de la “consulta previa” para el proyecto carretero por medio de la reserva del TIPNIS. 

Se consolidó entonces una Cidob paralela con Hurtado y se mantuvo una “orgánica” con Chávez. “El Gobierno piensa hacer otra Cidob con su propia gente, al margen de la nuestra. Eso es totalmente ilegal, porque los estatutos y sus reglamentos así lo establecen”, denunció Chávez en esta oportunidad.

Y el de entones ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que su administración gubernamental reconocería a esa nueva dirigencia de la Cidob encabezada por Hurtado. “Nosotros somos respetuosos de la decisiones orgánicas de los pueblos indígenas. Si deciden que se constituya otra directiva, el Gobierno se atendrá a la acreditación”, manifestó. Hoy, ese sector indígena está dividido.

Unos días antes de la consolidación de la directiva paralela de la Cidob, David Crispín, quien fue vocero del Conamaq, alertó a la opinión pública sobre un intento de intervención de la sede de su organización indígena en la ciudad de La Paz por parte de la  Policía y un grupo de fiscales.

“Queremos denunciar que al menos 20 autoridades originarias afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), policías y fiscales intentan tomar las oficinas del Conamaq”, también denunció el exdirectivo de esa organización, Rafael Quispe.

Tras notorias pugnas internas, intromisión y más denuncias de intervenciones, ese sector de a poco se fue fragmentando y aunque en diciembre de 2013 se convocó a una elección orgánica para nuevas autoridades, ya se había consolidado una dirección paralela afín al partido de gobierno.

Los cívicos también fueron divididos

Poco a poco este fenómeno de fragmentación y división en organizaciones se fue expandiendo y llegó también a los comités cívicos.

Es el caso del departamento de Potosí, el 2012 el poder político del partido oficialista movilizó a sus afines y creó el denominado “Comité cívico integracionista de Potosí” y su objetivo era claramente el de minimizar las acciones del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), una organización que tuvo roles fundamentales dentro de las movilizaciones locales y nacionales, y que se consolidaron en un movimiento general en las revueltas de 2019 que llevaron a la renuncia de Evo Morales.

Los comités de Oruro, Chuquisaca y La Paz también fueron debilitados por estos paralelismos y con el pasar de los años tuvieron una mínima participación dentro de las demandas y movilizaciones sectoriales.

Aunque, en el caso de la región paceña, el llamado “Comité Cívico pro La Paz” paralelo y afín al partido de gobierno fue desconocido y cuestionado durante las movilizaciones de 2019.

Las federaciones de juntas vecinales de diferentes ciudades como La Paz, también nombraron sus direcciones paralelas y formaron parte de movilizaciones en favor del partido gubernamental.

COB y Ponchos Rojos, también en la mira

La Central Obrera Boliviana (COB) también registró divisiones internas y discursos contrarios. Su principal dirigente en estos años, Juan Carlos Huarachi, mostró claros acercamientos y afinidades con Evo Morales, Aunque durante los conflictos de 2019, este dirigente minero se sumó a la ola de pedidos de renuncia del exmandatario. Dijo que si es “por la salud del pueblo”, el entonces presidente debía renunciar a su cargo.

A estas fracturas orgánicas se suma también la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin) y los Ponchos Rojos.

Y es que en febrero de 2018, el Ejecutivo Provincial de los Ponchos Rojos de la Provincia Omasuyos, Jhony Quispe, denunció a los medios que hubo una elección de ejecutivos en un “congreso paralelo” en Huarina y con la intención de dividir al sector.

“Ni al MAS ni a otro partido, al único partido al que pertenecemos son los Ponchos Rojos de la Provincia Omasuyos”, manifestó Quispe.

Adepcoca y la división de un sector incómodo para el poder

Uno de los sectores con mayor relevancia e incidencia en el departamento de La Paz es la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y también fue objeto de fracturas internas y pugnas en sus directivas, inclusive con intromisión de diferentes autoridades gubernamentales.

El conflicto se veía venir desde el 2017 con la aprobación de la cuestionada Ley General de la Coca y su rechazo por parte de los principales dirigentes del sector.

A los pocos meses de esa aprobación, una asamblea en Coripata determinó imponer una nueva directiva y desconocer al entonces presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, contestatario al gobierno. Sin embargo, otro ampliado multitudinario en la localidad de Pasto Pata- Chulumani, resolvió semanas después ratificar a Gutiérrez como su principal representante.

Hubo discusiones, movilizaciones, enfrentamientos violentos y se procedió incluso a una toma forzosa de su sede (por parte de afines al MAS), consolidando una organización paralela que hasta hoy genera más pugnas.

La APDHB también es víctima de intentos de fragmentación

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) es la última institución del país en ser víctima de intentos para gestar paralelismo.

El 17 de diciembre de 2021, medios de comunicación y fuentes cercanas a la APDHB aseguraron que grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) consolidaron con una votación una directiva de la institución con la designación de Edgar Salazar como presidente (hasta entonces vicepresidente de la APDHB y además encargado de hacer la convocatoria para dicha elección). También se determinó desconocer la legitimidad de Amparo Carvajal como presidenta.

Sin embargo, hasta el momento se mantienen el reconocimiento de Amparo Carvajal como presidenta de la APDHB con su ratificación en siete de las nueve representaciones nacionales y los reconocimientos de organizaciones nacionales e internacionales y medios de comunicación.

BD