El gobierno puso precio a la cabeza de los cocaleros

Brújula Digital |21|11|22|

Zulema Alanes / Cabildeo Digital

Adepcoca: la cárcel y el acoso judicial debilitan la resistencia cocalera

Las mujeres cocaleras marcharon contra la persecución judicial y se declararon en movilización permanente por la libertad de los dirigentes de Adepcoca.

“Cesar Apaza y Freddy Machicado no están solos, las mujeres estamos movilizadas y no vamos a descansar hasta que sean liberados, pero además no vamos a permitir que ningún otro dirigente cocalero sea detenido”, anunció Julieta Solís, productora de coca de la regional de Chamaca. 

A la fecha se ejecutaron ocho de las 17 órdenes de aprehensión contra los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), acusados por la quema del mercado ilegal de la coca.

“Con la persecución judicial el gobierno quiere contralar a nuestras organizaciones, pero estamos reiniciando nuestras movilizaciones, no lograrán dividirnos” dijo Solís a Cabildeo Digital, reconoció que la persecución ha debilitado a las bases cocaleras “pero poco a poco nos estamos fortaleciendo”. 

El conflicto de los cocaleros de los Yungas inició en julio pasado con marchas y protestas que exigían el cierre del mercado ilegal organizado por Arnold Alanes.  En agosto fueron detenidas 24 personas vinculadas a las protestas.

En septiembre las movilizaciones reiniciaron y alcanzaron su punto extremo con la marcha de miles de cocaleros desde los Yungas que derivó en la toma y quema del mercado ilegal.

Precio por la cabeza de la dirigencia cocalera

“El gobierno ha puesto precio a la cabeza de la dirigencia cocalera” reveló a Cabildeo Digital una fuente policial que detalló que se activaron los mecanismos de inteligencia para dar con el paradero de las personas sobre las que pesaban orden de aprehensión.

Luego de la toma y quema del mercado ilegal de la coca, en menos de una semana la Policía detuvo a cuatro personas vinculadas a la Adepcoca liderada por Freddy Machicado que fue uno de los primeros detenidos enviados a la cárcel de San Pedro.

Luego siguieron la vicepresidenta del comité de autodefensa de Adepcoca, Rosalba Vargas, el dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay) Carlos Choque, y la dirigente Gudelia Botitano.

En agosto el Gobierno también también activó la persecución judicial.  Se aprehendió a 24 personas a las que en audiencia cautelar “se les impuso la detención domiciliaria y se les exigió garantías de imposible cumplimiento”, explicó a Cabildeo Digital la abogada Evelin Cossio.

Detalló que en una clara muestra de “la politización del órgano judicial y las imposiciones abusivas del Ministerio de Gobierno, es más que evidente, porque se impone la detención preventiva y cuando se apela esa decisión se condiciona las medidas sustitutivas a la presentación de garantes que sean familiares en línea directa que acrediten la propiedad de bienes inmuebles en la ciudad de La Paz y con registro en Derechos Reales, una condición imposible de cumplir porque las personas cocaleras son oriundas de los Yungas que no cuentan con familiares y menos con propiedades fuera de sus lugares de origen”.

Al margen de la ley: vigilar, castigar y escarmentar

Las personas que fueron detenidas en el contexto del primer conflicto de agosto, explicó Cossío, “están con detención domiciliaria sin derecho a trabajo, deben firmar el biométrico tres veces a la semana, 19 de las 24, han sido imputada por allanamiento y tenencia y portación, y aunque el denunciante ha desistido de la acción tras haberse resarcido daños en su inmueble, fue convocado nuevamente y se amplió la denuncia contra él y se lo acusa de ser cómplice de los movilizados”. 

Lamentó “la actuación del Ministerio Público porque lo que correspondía era que se decrete la extinción de la acción penal por desistimiento. Se planteó una excepción de extinción de la acción pero el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía inmediatamente convocaron a declarar al denunciante y el denunciante paso a ser denunciado solo por desistir de la acción penal y ampliaron la denuncia en su contra por tenencia y portación y para el día 23 tenemos programada la inspección técnico ocular en Villa El Carmen, donde los 19 procesados serán presentes y sabemos bien que la finalidad es ampliar la denuncia por fabricación de explosivos no tradicionales”.

Según Cossío este es un caso que muestra cómo se falsean los hechos porque “al momento en que se realiza la aprehensión de 19 cocaleros, entre mujeres y varones, el propietario presenta una denuncia, pero días después desiste y revela que se vio obligado a presentar la denuncia, y cuando desiste pasa a ser denunciado como cómplice”.

Respecto a la defensa de los procesos por la toma del mercado ilegal de la coca, detalló que Rosalba Vargas y Gudelia Butitano continúan con detención domiciliaria, sin derecho al trabajo, en tanto el dirigente Cesar Apaza fue enviado al penal de San Pedro por seis meses, “pero sin justificación alguna el 7 de noviembre se ordenó su traslado a Chonchocoro y se está tomando represalias en contra de su esposa, su hermana y su madre”. 

Denunció que Apaza “fue golpeado y teme por su vida” y lamentó el ensañamiento del Gobierno con los cocaleros de los Yungas, “en un primer momento se pretendió hacer creer que el conflicto era interno, pero era totalmente falso, quien genera el conflicto son las autoridades de gobierno que protegen a una persona que se hace llamar dirigente”, dijo en directa alusión a Arnold Alanes.

Afirmó que como abogada de varios de los detenidos de Adepcoca, “puedo dar testimonio y aportar con todas las pruebas para demostrar que no existe justicia, los jueces y fiscales están sometidos a las órdenes del Ministerio de Gobierno”. 

Informó que el fiscal Vladimir Bolívar emitió una lista de 38 productores afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que deben declarar en calidad de testigos en el caso de la quema del mercado ilegal de coca liderada por el dirigente afín al Movimiento al Socialismo (MAS), Arnold Alanes.

“No hay garantías para que puedan asistir estás 38 personas al Ministerio Público, dicen que van a ser convocados en calidad de testigos, que no tienen la garantía necesaria que se vaya a respetar sus derechos porque existe el temor de que vayan a ser aprehendidas de forma inmediata”. 

BD