PIE: Ministro Cusicanqui tendrá que exponer argumentos técnicos legales que determinaron censo el 2022

Brújula Digital |10|11|22|

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui deberá responder siete consultas en torno al censo de población y vivienda, y exponer argumentos técnicos legales que justificaban el censo para el 2022 y que fue postergado por el propio Gobierno para el 2024. La Petición de Informe Escrito (PIE) fue presentada por el diputado oficialista, Ányelo Céspedes (MAS).

Cusicanqui, quien estuvo a cargo de las mesas técnicas en la ciudad de Trinidad y ratificó el 2024 como año de la realización del censo, tendrá que exponer los argumentos técnicos legales que determinaron inicialmente el 2022, como el año de realización del censo de población y vivienda.

“¿Por qué los créditos para financiamiento del censo de población y vivienda fueron proyectados para el año 2022, si no existía el respaldo técnico que permita su realización en ese año?”, es uno de los cuestionamientos centrales de la PIE.

Otra de las preguntas que deberá responder es: ¿Por qué técnica y legalmente no es posible la realización del censo de población y vivienda el año 2023?”.

Cusicanqui deberá explicar por qué diferentes autoridades aseveraron basados en los argumentos y datos técnicos legales el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que el censo de población y vivienda estaba en marcha para realizarse el año 2022, y que ya se habría realizado la actualización cartográfica, la socialización y que la boleta censal estaba concluida.

“Informe y detalle el monto total que se ha derogado hasta el momento de los créditos aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, para la realización del censo de población y vivienda”, plantea otra de las consultas.

La alianza política Creemos, a través de un comunicado denominado ¿Cuál fue el destino del dinero que Bolivia se prestó para la realización  del Censo en noviembre de 2022?, anunció la fiscalización de $us 140 millones que fueron adquiridos mediante dos créditos con organismos multilaterales por el Estado boliviano para la realización dicho evento censal.

A pesar que el decreto supremo 4546 establecía de prioridad nacional la realización del censo de población y vivienda y fijaba como fecha de realización el 16 de noviembre de este año, la norma fue abrogada y desde el Gobierno se abrió una brecha de dos años de diferencia para que la realización del censo sea el 2024, lo que generó un paro cívico indefinido en el departamento de Santa Cruz en demanda del empadronamiento para el 2023.

BD JMC