Política | 11/06/2022

HRW preocupada por la forma en la que han sido llevados los procesos contra Áñez

César Muñoz, investigador principal de HRW observó que el presidente Luis Arce siga sin reformar la justicia. Observó que en el proceso denominado Golpe II, la expresidenta ni siquiera pudo asistir en persona a su propio juicio, y que en un inicio tras su detención en Beni, se le había atribuido delitos como "sedición y terrorismo" que tuvieron que cambiar.

Jeanine Áñez se descompensa en una de sus audiencias. Foto archivo captura

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Brújula Digital |11|06|22|
“Bolivia: Nos preocupa la forma en la que han sido llevados a cabo los procesos penales contra la expresidenta Jeanine Áñez. Abro hilo”, fue el mensaje del investigador principal de la Human Rigts Watch (HRW), César Muñoz, por el cual inició una serie de observaciones a través de su cuenta de Twitter, al Estado boliviano en cuanto a la administración de justicia. 
“Los delitos por los que Áñez fue condenada (incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley) están definidos de manera muy amplia en la ley boliviana. Los gobiernos de Morales y Áñez usaron esos tipos penales en procesos que parecían tener motivaciones políticas”, escribió, luego de conocerse la condena de 10 años de prisión para la expresidenta en un juicio que no duró más de diez meses.
Muñoz observó que toda investigación penal debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia, y llevarse a cabo de acuerdo con los estándares que establece el derecho internacional.

“El sistema judicial boliviano sufre de injerencia política desde hace años. Los gobiernos se han aprovechado de su falta de independencia y debilidades estructurales: tanto el de Evo Morales como el de Jeanine Áñez impulsaron acusaciones infundadas contra rivales políticos”, mencionó.
En esa línea observó que el presidente Luis Arce sigue sin reformar la justicia. “Su gobierno impulsa el proceso contra Áñez por la forma en que asumió como presidenta interina en 2019. Al mismo tiempo, siguen en la impunidad las 37 muertes ocurridas en ese contexto, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata”, citó.

Recomendó que los tribunales superiores examinen cuidadosamente y de forma independiente cómo se llevaron a cabo los procesos penales contra la expresidenta Áñez, así como garantizar el debido proceso y los remedios adecuados si determinan que se violaron sus derechos
“La expresidenta Áñez fue detenida en marzo de 2021 acusada de terrorismo, sedición y conspiración @hrw revisó la imputación y no encontró evidencia que la sustente. Más tarde, los fiscales la acusaron por incumplimiento de deberes y por adoptar resoluciones contrarias a la ley”, se refirió así a la imputación.
A la expresidenta Áñez –dejó sentado Muñoz- no se le permitió asistir en persona a su propio juicio, pero sí estuvieron presentes los fiscales, abogados y otras personas. Eso le impidió consultar con sus abogados durante las audiencias.
“Los jueces dijeron que no podían garantizar la salud y seguridad de la expresidenta Áñez en el tribunal. Las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad de los acusados para que asistan a su juicio. Los imputados no deben ser castigados por las fallas del Estado”, llamó la atención.
El investigador principal de la ONG de DDHH, César Muñoz, analizó el fallo contra la ex presidenta y señaló que cualquier investigación penal “debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia, y llevarse a cabo de acuerdo con los estándares que establece el derecho internacional”.SentenciaEn un proceso de duró 10 meses, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz emitió la noche de este viernes una sentencia condenatoria de 10 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Añez, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, dentro del caso “golpe de Estado II”.Este proceso fue abierto a fines de julio de 2021 y fue “desdoblado” del caso “golpe de Estado I”, que fue abierto en contra de Añez por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.La sentencia condenatoria de este proceso tuvo el voto unánime de los tres integrantes del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz: Germán Ramos (presidente), Marco Antonio Vargas y Liz Avilez (jueces técnicos).Esta sentencia dista de la solicitud que hicieron las partes acusadoras del proceso (Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Procuraduría General del Estado y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez), en sentido de condenar a todos los acusados de este proceso a 15 años de prisión.
Añez deberá cumplir su condena en el penal de Miraflores de La Paz, hasta el 10 de junio de 2032, además del pago de daños y costas al Estado (próximas a definirse), según el dictamen del tribunal.
De igual manera, los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, fueron sentenciados a 10 años de prisión, en el penal de San Pedro de La Paz, más el pago de daños y costas al Estado. Ambas exautoridades fueron procesadas en rebeldía, debido a que hasta ahora no se los detuvo.La lectura de la resolución fue realizada de manera rápida por Ramos, después de más de nueve horas de deliberación, tras la visita que hizo en la cárcel de Miraflores a la expresidenta Añez y en el penal de San Pedro a los exjefes militares Flavio Arce y Pastor Mendieta.
En las afueras del tribunal de justicia se concentraron centenares de personas que hacían vigilia, a la espera del dictamen de la sentencia del caso Golpe de Estado II.
Asambleístas de la oposición consideraron que la realización de este juicio fue rápida, en comparación a otros procesos, debido a “presiones” que recibió la Justicia.BD

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