Informe de Situación 2021: Observatorio de Unitas registra 666 vulneraciones a las libertades y derechos

Brújula Digital |31|05|22|
Durante el año 2021, en el Gobierno de Luis Arce (MAS) se registraron 666 vulneraciones a las libertades, derechos y categorías analizadas por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de  la red Unitas.  El Informe País 2021 sobre libertades fundamentales e institucionalidad democrática da cuenta además del agravamiento de vulneraciones a la libertad de expresión y prensa.

De acuerdo a lo expuesto por el investigador Hernán Ávila, se evidencia una diferencia considerable de vulneraciones respecto al año 2020 cuando se registraron 232 casos, y más aún en relación al 2019, año en el cual las vulneraciones identificadas llegaron a 2.691 casos, producto de la crisis política y social que derivó en la asunción a la presidencia de Jeanine Áñez, tras el vacío de poder que dejó Evo Morales y sus legisladores.

De las 666 vulneraciones registradas el 2021, 429 atentaron contra el derecho a la protesta, abarcando casi dos tercios del total registrado por el Observatorio. Le siguieron los actos en contra de la libertad de expresión con 71 casos, y aquellos que vulneran la libertad de expresión.

Las violaciones a la institucionalidad democrática alcanzan a 62 casos, muy por encima de los registros sobre libertad de asociación, derechos de los defensores y libertad de reunión con 15, 18 y cuatro vulneraciones identificadas.
Libertad de expresión 

Durante el 2021 se registraron 71 vulneraciones a la libertad de expresión, de las cuales el 34% se refirieron a casos de estigmatización (24 casos), le siguieron 11 casos de amenazas que corresponden al 15%, además de ocho casos de obstaculización de procesos electorales (11%). 
Al igual que en los años anteriores dijo Ávila, la estigmatización fue el acto más registrado, aunque en menor cantidad que el año 2019, cuando se identificaron 69 casos y en mayor medida que en 2020 que llegó a 18 casos.Libertad de prensa

El año 2021, el 56% de las vulneraciones correspondieron a agresiones a periodistas (37 casos), muy por debajo quedan los 10 actos de estigmatización contra periodistas equivalentes al 15% del total. 
Las amenazas (9%), la criminalización (6%) y el impedimento de acceso a información (9%) también repercutieron en el trabajo de los periodistas durante esta gestión.

El total de 67 de violaciones a la libertad de prensa, en 2021, fue inferior a la del 2020 cuando se registraron 85 vulneraciones, mientras que el 2019 se registraron 42.

En lo referido a las agresiones, el informe constata un descenso respecto a la gestión anterior, 37 casos, pero la cifra no es alentadora.
El caso más emblemático el 2021 fue el registrado en Las Londras, donde avasalladores del lugar, algunos armados secuestraron por varias horas a siete periodistas. De acuerdo a los testimonios de las víctimas la agresividad de los captores les hizo temer por sus vidas. Otro caso particular fue el del periodista Carlos Quisbert quien fue gasificado, enmanillado, golpeado y aprehendido por efectivos de la Unidad de Operaciones Policiales (UTOP).
Libertad de asociación y derecho a la protesta
El eje que más casos registró el 2021 fue la vulneración al derecho a la protesta pues se registraron 429 actos contrarios al ejercicio de este derecho, equivalente al 65% del total de los casos.
Al desagregar los casos por la tipología, 282 están vinculados a personas detenidas durante manifestaciones (66%), le siguen las personas heridas (100) y las represiones en contra de protestas (26), donde la Policía ha intervenido marchas de protesta en las que se ha excedido en el uso de la fuerza pública hiriendo y privando de libertad a manifestantes.
Libertad de asociación 


En cuanto a la libertad de asociación se identificaron tres tipos de vulneraciones: obstrucciones indebidas al funcionamiento de una organización (7), obstrucción a la libre determinación (5) y tres casos sobre suplantación o división de una organización.

“La tendencia que vemos estos años es que los nudos en conflictividad están muy referidos al temas indígena, extractivismo y tierra y territorio, y lo más resaltante como las políticas públicas en territorios como Tariquía, el proyecto de la hidroeléctrica Chepete Bala que hemos visto en otro momento siempre está por esa línea”, afirmó la directora de la red Unitas, Susana Eróstegui.

También alertó sobre las dificultades en torno a la renovación de personería jurídicas que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil, sean fundaciones, entidades sin fines de lucro y hasta organizaciones religiosas, lo que lleva a una articulación necesaria para hacerle frente a este tipo de situaciones.
En esa línea dijo que es importante que las organizaciones puedan identificarse ya sea como defensoras de Derechos Humanos o defensoras de defensores y defensoras, ya que un diagnóstico mostraba que hay organizaciones son gubernamentales que no se reconocen en ninguno de los grupos.
BD