El paquete alimentario para víctimas de la crisis política fue aprobado por Añez en 2020

Brújula Digital |30|05|2022|

El 25 de mayo de este año, el presidente Luis Arce autorizó la transferencia público-privada de Bs 500 en alimentos para familiares de fallecidos y heridos durante la crisis política de 2019 como ampliación de una medida aprobada por su antecesora Jeanine Añez.

El artículo 6 del Decreto Supremo 4176, promulgado por la expresidenta el 10 de marzo de 2020, "autoriza al SEDEM otorgar por el periodo de doce (12) meses, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, la transferencia público-privada en especie por un valor de Bs 500" a un representante familiar de la persona fallecida "producto de los conflictos suscitados en el país entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019, de acuerdo a la nómina entregada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional" y también a las personas heridas.

El 25 de este mes, Arce aprobó la ampliación de esta medida por ocho meses, pero en el decreto omitió mencionar la norma que dio origen a los paquetes alimentarios.

Añez aprobó 12 paquetes alimentarios de Bs 500 mientras Arce autorizó 8 paquetes alimentarios también de Bs 500.

En el decreto de Arce se explica que la transferencia público-privada se realizará a las y los beneficiarios que recibieron:

a) Doce (12) paquetes alimentarios, recibirán ocho (8) adicionales;

b) Uno (1) a once (11) paquetes alimentarios se les completará hasta llegar a doce (12), y todos estos recibirán ocho (8) adicionales.

La suma de los paquetes de ambos gobiernos es 20 y el monto total asciende a Bs 10.000 como informó Brújula Digital.

El activista de derechos humanos que acompaña las demandas de las víctimas de Sacaba y Senkata, David Inca, explicó que la medida beneficia a al menos 150 personas entre familiares de los que fallecieron y heridos.

En la redacción del Decreto Supremo 4729, de Luis Arce, se indica que el objeto de la norma es otorgar la ayuda social humanitaria a los familiares de fallecidos y personas que resultaron heridas, producto de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos, suscitados en el país entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019, "durante el gobierno de facto".

En el texto de Añez se indica que el fin es "otorgar ayuda social humanitaria a los heridos y familiares de los fallecidos, producto de los conflictos suscitados en el país entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019".

BD/JCV