Relator de la ONU: elección de magistrados no evita injerencia política; jueces están expuestos a presión

Brújula Digital |25|05|22|

En su informe final, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, concluyó que la elección de magistrados en Bolivia no evita la injerencia política y advirtió que jueces, vocales y magistrados se encuentran expuestos a diversas formas de injerencia o presión.

Este informe, de 20 páginas, fue conocido en esta jornada y contiene 12 conclusiones y 20 recomendaciones para el Estado boliviano. El documento es el resultado de una visita que realizó García Sayán entre el 15 y 22 de febrero, lapso de tiempo en el que se reunió con diferentes autoridades y representantes para elaborar un diagnóstico de la Justicia en Bolivia.

“La elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”, señala una de sus conclusiones.

En Bolivia ya se registraron dos elecciones, a través del voto universal, de altas autoridades del Órgano Judicial, con el fin de terminar el cuoteo político en el antiguo Congreso o la Asamblea Legislativa, instancia que tenía la facultad de estos nombramientos. El nuevo procedimiento fue criticado por la oposición y diferentes instituciones, debido a que el proceso de selección de candidatos para los comicios está en manos del oficialismo.

Para superar esa situación, el relator de las ONU recomendó a todos los sectores relevantes a impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo.

Además, insistió en el crucial criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del estado de derecho y los estándares contenidos en los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura.

Además, García-Sayán advirtió que “los jueces, juezas, vocales y magistrados bolivianos se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión. Esta vulnerabilidad se debe a la falta de una carrera judicial, al alto número de jueces transitorios y remuneraciones bajas. La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción”.

Para este caso, el relator de la ONU recomendó al Estado establecer una efectiva carrera judicial, por medio de legislación que tome en consideración los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, incluyendo, entre otros aspectos, la idoneidad para desempeñar las funciones judiciales, criterios y procedimientos apropiados para la selección y designación, y garantías normativas e institucionales de inamovilidad de quienes se desempeñen con integridad.

Por otra parte, el relator de la ONU observó la situación de las personas privadas de libertad, debido a que es grave, tanto por la tasa de hacinamiento (del 349,8 %) como por la alta proporción en detención preventiva, es decir, sin sentencia condenatoria. Al respecto, recordó que el Estado se encuentra en una posición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad.

En este caso, el relator especial instó al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas. Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Indicó que las detenciones preventivas deben ser excepcionales.

Otro aspecto que fue cuestionado por García-Sayán es el hecho de que la jurisdicción indígena originario campesina, reconocida en la Constitución de 2009, ha sido relegada por la legislación posterior (Ley de Deslinde Jurisdiccional de 2010) a conocer solo de temas de relevancia limitada y marginal para la administración de justicia.

En el tema de la elección de autoridades, exhortó al Gobierno a designar al titular de la Defensoría del Pueblo, una elección que se encuentra empantanada en la Asamblea Legislativa, debido a la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición.

BD/JJC