García-Sayán plantea un acuerdo nacional para reformar la justicia que "está lejos de la gente"

Brújula Digital |22|02|2022|

El Relator de la ONU, Diego García-Sayán, concluyó su visita a Bolivia con una conclusión preliminar: "En Bolivia la justicia está lejos de la gente" y recomendó un acuerdo nacional para la reforma judicial que no favorezca a un sólo sector.

El Relator planteó la necesidad de un "gran acuerdo nacional" para la reforma de la justicia cuestionada por la falta de independencia y la corrupción.

Explicó que el objetivo de su visita es tomar el pulso de la independencia de la justicia en Bolivia y adelantó nueve conclusiones preliminares de su visita.

"En Bolivia la justicia está lejos de la gente en la medida que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a las necesidades, a dramas cotidianos" afirmó el Relator.

Después consideró que son legítimas las reacciones de la ciudadanía ante la liberación de acusados de feminicidio o al sentenciado por el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Froilán Molina.

"Elementos que ha puesto sobre la piel una enorme sensibilidad para preguntarse ¿qué está ocurriendo y qué cosa hay que mejorar?" reflexionó y dijo que se trata de un tema que debe preocupar a toda la sociedad.

Las conclusiones de Sayán se conocen después de siete días de reuniones con autoridades del Gobierno, órgano Judicial, abogados, autoridades subnacionales, víctimas y otros sectores.

Después abordó la brecha del acceso de las mujeres a la justicia y citó como prueba los casos de feminicidio que quedan en la impunidad. "Hay una seria brecha en el acceso de las mujeres a la justicia; el crecimiento de ataques a las mujeres no ha sido exclusivo de la pandemia", afirmó.

"Solamente el 31% de los casos de feminicidio que llegaron al sistema judicial han merecido una sentencia y esto es un tema de preocupación", lamentó.

"Dentro de las recomendaciones estamos reforzando el planteamiento que ya ha hecho desde el año 2019 la Defensora del Pueblo de aumentar el número de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer" adelantó.

Luego abordó la justicia indígena que tiene graves restricciones y pidió revisar la ley de Deslinde Jurisdiccional.

Sobre Jeanine Añez, la expresidenta detenida hace 11 meses en la cárcel de Miraflores, dijo que "el Estado es el responsable de la integridad física de las personas" privadas de libertad, como Añez.

Luego lamentó que en Bolivia no existan tantos abogados de Defensa Pública y denunció que "no existe carrera judicial" porque existen muchos jueces interinos.

Llamó al Ministerio Público a fortalecer el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Sobre las investigaciones sobre los hechos de violencia y violación de derechos humanos en la crisis política de 2019 dijo que "son escasos los resultados" de las investigaciones y que los familiares de las víctimas tuvieron obstáculos en el acceso a la justicia.

Sobre la reforma judicial en Bolivia reconoció que hay varias propuestas "divergentes" y estableció que "no hay un modelo universal" para la designación de jueces, y observó el modelo boliviano porque tropezó con la escasa participación ciudadana a diferencia de otros procesos electorales.

Para encarar una reforma, ahora impulsada por el Ministerio de Justicia, dijo que "hay una necesidad de un gran acuerdo nacional" para que los cambios no favorezcan a un solo sector en Bolivia.

También llamó la atención sobre la situación de las cárceles en Bolivia. "El hacinamiento carcelario es un problema de los países de Latinoamérica, pero en el caso de Bolivia tiene ribetes dramáticos. Hay un índice de hacinamiento alto del 349%", afirmó.

BD/JCV