Creemos denuncia al TCP ante el Relator como uno de los causantes de la crisis judicial y política

Brújula Digital |19|02|2022|

Los diputados y senadores de la bancada de la alianza Creemos sostuvieron una audiencia  con el Relator de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, a quien hicieron conocer las  vulneraciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a la Constitución Política del Estado (CPE) en actos procesados desde 2006 a 2019, siendo uno de los causantes de la actual crisis judicial y política que atraviesa Bolivia por una serie de sentencias ilegales e inconstitucionales.

Los legisladores expusieron a la Relatoría de la ONU los hechos anticonstitucionales que marcaron la ruta de la reciente historia de crisis política que en la actualidad enfrenta el país, especialmente la negación del art. 168 de la CPE que ilegalmente reformuló el TCP para dar paso a la reelección presidencial del entonces Jefe de Estado, Evo Morales, según una nota de prensa.

En la audiencia con el Relator de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, de parte de la Bancada de Creemos participaron los senadores Centa Rek, y Henry Montero; además de las diputadas María René Álvarez, Khaline Moreno y Tatiana Añez, junto al diputado Erwin Bazán.

“Lo grave aquí es que de un plumazo el Tribunal Constitucional anula el articulo 168 de la CPE y esta disposición transitoria  primera de la CPE, parágrafo II, que son artículos constitucionales que son muy claros con respecto a la reelección, acá vemos como el Tribunal Constitucional se suicida porque genera la potestad  para que los legisladores de la Asamblea Legislativa puedan interpretar la Constitución y estén por encima de ellos, este daño es muy grave y no ha sido enmendado”, detalló Centa Rek, jefa de bancada de Creemos en el Senado.

Además, los legisladores hicieron llegar a García-Sayán un documento cronológico de 17 páginas, con su respectivo dossier documentando, donde le hacen conocer detalladamente una serie de irregularidades que, en definitiva, desencadenan la actual crisis judicial y política que hoy vive Bolivia. El documento detalla desde la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional en el año 2007, durante el primero gobierno de Morales y concluye en los ilegales e inconstitucionales rechazos del TCP a recursos planteados respecto a la recuperación de los 2/3 en la Asamblea y contra leyes que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En esta misma línea, hicieron conocer la poca o fallida atención a los recursos de Inconstitucionalidad interpuestos por la oposición política desde el Legislativo, entre éstos la representación en defensa de los dos tercios que debe regir en el marco del equilibrio entre las fuerzas políticas, anulado arbitrariamente el partido del Gobierno, así como la impugnación a la inconstitucional Ley de Emergencia Sanitaria, que mereció respuesta de manera extemporánea y sobre aspectos de forma.

Los registros de violación a la CPE señalados por los legisladores también hacen hincapié en el reconocimiento constitucional de la sucesión presidencial de Jeanine Añez, actuación legal que posteriormente, contra todo principio, negó sus propias resoluciones en franco sometimiento al Órgano Ejecutivo, liderado por el gobierno de MAS.

Los parlamentarios de Creemos, dejaron sentado que el TCP “dejó de ser el guardián del cumplimiento de la Ley suprema nacional”, en ese sentido plantearon la necesidad de una profunda y exhaustiva investigación de los acontecimientos en el período 2006 a 2019 con respecto de los actuados del TCP.

Por su parte García-Sayán, a tiempo de agradecer por la “claridad” de la presentación de la Bancada de Creemos señaló que muchos de los daos ya son conocidos por la ONU; sin embargo, solicitó una copia de todos los recursos que fueron presentados por los legisladores de oposición ante el TCP y que fueron rechazados sin mayor trámite. “Cualquiera que sea el resultado final y si reúne las formalidades y que nunca se les dio una explicación, simplemente no se les dio trámite”, indicó García-Sayán sobre su requerimiento.

BD