Trabajadora social cobraba desde Bs 1.000 para beneficiar a violadores y asesinos

Brújula Digital |11|02|22|

A través de la investigación que está en curso, la Fiscalía estableció que la trabajadora social Mary Consuelo cobraba entre Bs 1.000 y Bs 2.000 para elaborar informes que favorecían a la excarcelación irregular de violadores y feminicidas, cuando estos cumplían condenas de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

El fiscal Junior Flores que impulsa la pesquisa señaló que la trabajadora social, ahora detenida en forma preventiva, realziaba ese tipo de cobros en el Juzgado Primero de Ejecución Penal de El Alto, donde trabajó en suplencia el exjuez Rafael Alcón, quien excarceló a Richard Choque y a otros reos sentenciados por asesinato, feminicidio y violación.

“Cuando se hace la investigación a través de la comisión de fiscales se ha podido establecer que en su calidad de servidora pública, cobraba de mil a dos mil bolivianos por cada informe que emitía a favor de los privados de libertad, como ejemplo a Richard Choque y otros sentenciados”, declaró el fiscal, según un reporte de Unitel. La autoridad dio un informe respecto al avance de las pesquisas.

Choque reveló que para ser excarcelado del penal de San Pedro pagó $us 3.500 y una botella de whisky a una abogada que está detenida de manera preventiva.

Hasta ahora están detenidas más de 10 personas por la excarcelación irregular de Richard Choque, quien luego de salir del penal cometió al menos dos feminicidios más. Están encarcelados el exjuez Alcón, el médico Freddy T. y otros profesionales que trabajaban en el Juzgado Primero de Ejecución Penal de El Alto.

Actualmente, el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado revisan documentación de los 18 juzgados de Ejecución Penal que hay en el país, para determinar si es que otros reos también se beneficiaron con la excarcelación de manera irregular, al igual que Choque.

Hasta ayer se informó que se hallaron 18 casos más en los que reos condenados por violación, asesinato y feminicidio fueron favorecidos con detención domiciliaria, pese a no tener derecho a indulto en el cumplimiento de la pena máxima de 30 años de prisión.

BD/JJC