TSJ se abre a blindarse de la injerencia política

Brújula Digital |06|02|2022|

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) expresó su interés de reforzar la independencia del Órgano Judicial ante la injerencia política en la administración de justicia observada por organismos como el GIEI-Bolivia.

"Se ha debatido dentro la Sala Plena del TSJ. No tenemos una propuesta como Sala Plena para modificar la Ley 025 (del Órgano Judicial), pero valdría la pena reflexionarla y discutirla en los escenarios que se den, por ejemplo, en la Cumbre Judicial" declaró esta mañana el presidente del TSJ, Ricardo Torres, en una entrevista con la red Erbol.

Torres explicó que, en este escenario, muchos actores tendrán la posibilidad de plantear propuestas, ideas y, obviamente, si es para el bien del Órgano Judicial, mediante una ley especial, se refuerce la independencia judicial y se garanticen ciertos parámetros de conducta, tanto para operadores de justicia como para actores políticos.

No obstante, negó que el órgano Judicial en Bolivia esté sometido al poder político de turno aunque admitió que hay algunos operadores que deben ser castigados y apartados por conductas reprochables.

Torres recordó que, durante la inauguración del Año Judicial 2022, pidieron el respeto de los otros órganos del Estado.

La autoridad considera que la conducta de algunos jueces está en el defecto de creer que le deben el cargo a determinado partido político.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI Bolivia), que realizó un estudio sobre la crisis política de 2019, concluyó en 2021 que en el país no existe independencia de la administración de justicia.

"La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa", se lee en una de las conclusiones.

El GIEI destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. "El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad", agrega.

No obstante, esta observación fue relativizada por el gobierno del presidente de Luis Arce que pretende hacer una reforma judicial, según afirman opositores, de forma y no así de fondo.

BD