Feminicida y violador serial desnuda la injusticia y la negligencia estatal

Zulema Alanes/Cabildeo Digital |28|01|22|

El caso del feminicida y violador serial Richard Choque Flores devela un patrón estructural de negligencia estatal ante prácticas de violencia que ponen en riesgo la integridad y la vida de mujeres y niñas, aseguraron a Cabildeo Digital abogadas que litigan en busca de justicia para víctimas de violencia de género.

Las juristas Jinky Irusta, Marisol Quiroga y Estela Quintana coincidieron en que la impunidad judicial y la negligencia estatal se repiten de manera sistemática en varios casos criminales que se ventilan en los estados judiciales.

Las juristas dejaron en claro que, si concurren la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de las autoridades encargadas de sancionar delitos como los cometidos por el feminicida y violador serial se está ante un crimen de Estado.  Anuncian una demanda internacional.

Policías, jueces y fiscales eslabones de la impunidad

Familiares de Lucy e Iris, las dos adolescentes víctimas del feminicida y violador serial, denunciaron su desaparición en mayo y agosto de 2021, respectivamente, pero la policía y la fiscalía no actuaron aun de indicios que daban cuenta que hubieran sido secuestradas y sus vidas corrían peligro.

En el caso de Lucy sus padres la buscaron sin cesar desde el mismo día de su desaparición.   A las dos semanas de su búsqueda reportaron a la Policía que el secuestrador llamó exigiendo 70.000 dólares a cambio de su vida. “Si no me pagan, voy a trozar a tu hija. Decía la verdad y lo hizo” contó su mamá, María Zambrana, y reclamó porque “nunca hicieron nada para buscar a mi hija, la Policía no atendió mis denuncias”.

Alicia Choque, madre de Iris, llegó desde Guanay a La Paz para buscar a su hija y tras dos meses de infructuosas gestiones cuando presentó evidencias a la Policía y la Fiscalía le dijeron que se trataba de un "autosecuestro".

Detalló que “Decían que supuestamente se había ido con su novio, alguien le ha lavado el cerebro y se ha ido”.  Y cuando presentó los mensajes de texto y fotos en los que le pedían 60.000 dólares a cambio de la vida de su hija, le aseguraron que “es un autosecuestro, muchas señoritas se hacen pasar así, que ellas mismas se autosecuestran y están feliz con su novio”. 

“Se supone que en los delitos de trata y tráfico los procesos son aceleradísimos, pero no fue así, presentamos una acción de libertad, nos concedieron la tutela, pero no se cumplió, hasta octubre no se tuvo respuesta de los investigadores y, sin dinero para permanecer en La Paz, la mamá tuvo que volver a Guanay”, detalló la abogada de la familia, Marisol Quiroga.

Ambos casos continuarían en la impunidad si Richard Choque Flores, originalmente detenido en flagrancia e investigado por violar a 77 mujeres, no hubiera confesado que mató a las dos adolescentes y las enterró en una habitación de su casa ubicada en la zona Ballivián de la ciudad de El Alto, el lugar detectado en la triangulación de las llamadas que el depredador hizo a las familias de las víctimas pero que la Fiscalía no tomó en cuenta para iniciar su búsqueda y ordenar los respectivos allanamientos.

“La noche del lunes, el equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida se trasladó a la vivienda para verificar y realizar el levantamiento de los cuerpos, además de recolectar indicios materiales y genéticos para la investigación por el delito de feminicidio”, dijo el fiscal departamental de La Paz, William Alave.  No admitió negligencia, ni se disculpó con los familiares de las víctimas.

Richard Choque Flores ya tenía antecedentes. Cursan en su contra denuncias por estafa, secuestro y de lesiones por las que fue sobreseído, pero en 2013 fue sentenciado y encarcelado por el secuestro y asesinato de la joven universitaria Blanca Rubí Limachi.  Siete años después, en 2019, el juez de Ejecución Penal Primero Rafael Alcón Aliaga le concedió detención domiciliaria porque padecía “gastritis crónica y asma” dolencias que el juzgador interpretó como “enfermedades incurables”. 

El juez Rafael Alcón es hermano del exconsejero de la Magistratura Gonzalo Alcón según reveló el diario Correo del Sur.

Colusión, negligencia y corrupción 

Para la abogada Marisol Quiroga este es un caso paradigmático porque demuestra una sucesión de transgresiones a la norma y configura colusión, negligencia y corrupción. Aseguró que este jueves comprobó que “el caso por el que procesaron y sentenciaron a Richard Choque Flores en 2013 fue borrado del sistema de registro judicial, borraron los antecedentes, tampoco está en el órgano judicial, solo figuran un caso que está con rechazo y otro en el que está sobreseído, cómo se explica que un caso con tanta connotación en 2013 no esté en el sistema”. 

Dijo que “sorprende que el Consejo de la Magistratura no actúe, aquí nadie dice nada porque el juez que le ha dado la libertad es uno que está protegido”.

La abogada Jinky Irusta, que desde la Oficina Jurídica de la Mujer en Cochabamba atiende muchos procesos por violencia, violación, feminicidio y trata y tráfico, aseguró que el caso “debe ser sometido a auditoria, tiene que haber respuesta del Estado”

Calificó de inaudito que se hubiera otorgado medidas sustitutivas por “gastritis y asma, cuando argumentan enfermedad terminal deben presentar informe médico forense y les niegan, no hay legislación que respalde esas peticiones, con una sentencia sin derecho a indulto, no hay ningún privilegio”. En su opinión, este es un caso emblemático en el que se deben ser investigadas todas las personas que intervienen en el proceso, “desde el oficial de diligencia hasta el juez”. 

Estela Quintana, abogada y activista de la articulación de Familias de Víctimas en Busca de Justicia Bolivia, calificó el caso como un “flagrante hecho de negligencia, encubrimiento y corrupción que es apenas la punta del ovillo de un sistema que actúa a través de consorcios en los que participan policías, fiscales y jueces”.

Desde su experiencia en los casos de impunidad que afectan a 120 familias que integran la agrupación que representa, “hay un modus operandi que se repite una y otra vez y hay que develarlo”.

Jinky Irusta refirió que “no existe una instancia del Estado que vigile el cumplimiento de las sentencias.  Hay muchos casos en los que teniendo sentencia no se ejecuta el mandamiento de condena, los agresores y feminicidas están libres y felices porque hay varios casos en que se benefician con medidas sustitutivas.  Hay agresores que piden hasta dos o tres veces por mes audiencia de libertad”.

Dijo que “un ejemplo de la desconfianza ciudadana en la justicia, es Emiliana Mamani que se crucificó en i nmediaciones del Tribunal Supremo en Sucre para que se cumplan los plazos procesales en los casos de feminicidio de su hija y su sobrina.  Actualmente va cada dos meses a la cárcel a verificar si los culpables cumplen su sentencia”. 

Demanda internacional contra el estado

En opinión de Marisol Quiroga este caso es un caso de flagrante omisión estatal “no hicieron nada para encontrar con vida a las niñas” y recordó que “antes del hallazgo de los cuerpos, el Estado tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas”.

Jinky Irusta coincidió en que “no se ha cumplido con el deber de debida diligencia frente a las denuncias de desaparición de las adolescentes, no se las buscó durante las primeras horas y los primeros días, la norma exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda”.

Estela Quintana insistió que los operadores de justicia “deben aplicar los procedimientos adecuados, realizas una investigación efectiva desde las primeras horas, se debe presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido”.

Coincidieron que en este y otros casos se vulnera el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Además, devela el incumplimiento estatal de garantizar, a través de una investigación seria y adecuada, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las tres víctimas. 

Marisol Quiroga aseguró que “los hechos permiten concluir que amerita una demanda internacional contra el Estado, en base al precedente de la sentencia Campo Algodonero vs México de 16 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En ese caso la Corte IDH declaró que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las víctimas; incumplió con su deber de investigar; y no garantizó el acceso a la justicia y protección judicial.

BD