ANUARIO: El año en que el MAS tomó revancha contra sus opositores

Brújula Digital |16|12|21|

La hija y portavoz de la expresidenta Jeanine Añez, Carolina Ribera, sostiene que en 2021 el Movimiento Al Socialismo (MAS) se ensañó con políticos opositores, entre ellos su madre, que defendieron el voto popular en 2019 ante el “fraude electoral” denunciado contra ese partido. El Gobierno niega que se dé un juicio político y dice que se respeta el debido proceso.

A mediados de diciembre de la expresidenta cumplió nueve meses encarcelada, en condición de detenida preventiva dentro de dos procesos judiciales ordinarios que se instauraron en su contra, al margen de cuatro demandas de juicio de responsabilidades en su contra que están en trámite en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En criterio de Ribera, ahora que su mamá se encuentra en la cárcel y ante el rechazo de la Justicia a cerca de una decena de recursos para el cese de la detención preventiva, la lucha pasa de pedir la libertad de la exmandataria a defender los derechos humanos y el debido proceso porque los políticos que rechazaron el fraude electoral de 2019 son atacados por el MAS, acción que se concreta actualmente con la detención del excandidato vicepresidencial y exdirigente cívico potosino Marco Pumari.

“El MAS se ha ensañado contra todos los políticos que defendieron el voto popular de 2019. Mi madre asumió la Presidencia por sucesión constitucional cuando había un vació de poder, cuando Evo Morales renunció y la Organización de los Estados Americanos ya había manifestado que hubo un fraude electoral. Mi madre asumió el poder ante un vació de poder, cuando en Bolivia había enfrentamientos y muertes. Pumari defendió el voto popular y ahora lo tiene detenido preventivamente por seis meses y así van ampliando esa detención”, sostuvo Ribera.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, negaron que el proceso en contra de Pumari sea político. Alcón hizo notar que la causa por la que se detuvo a Pumari fue abierta en 2020, cuando el MAS no estaba en el poder.

A raíz de los “abusos y la violación de derechos humanos” en contra de políticos opositores, Ribera informó que se creó la Asociación de Familiares de Víctimas Presos y Perseguidos Políticos, que incluye a cerca de 50 “presos políticos” y a víctimas de acciones de violencia como Montero y Vila Vila, promovidos presuntamente por afines al MAS en 2019, para defender los derechos y garantías de estas personas.

Añez fue aprehendida el 13 de marzo de este año, a raíz de un proceso ordinario, denominado “golpe de Estado I” abierto en su contra por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, una demanda que fue interpuesta por la exdiputada Lidia Patty (MAS). La Justicia ordenó seis meses de encarcelamiento, mientras dure la investigación de esta denuncia. Posteriormente, a mediados de este año, a pedido de autoridades del Gobierno y del MAS, se “desdobló” esa causa, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, con lo que se abrió el juicio “golpe de Estado II”.

Antes de que la exmandataria cumpla los seis meses de detención preventiva, la Justicia ordenó el encarcelamiento de Añez por otros seis meses, plazo que se cumplirá a inicios de 2022. Paralelamente, cuando la expresidenta cumplió el plazo de encarcelamiento por el caso golpe de Estado I, se amplió esa detención por otros seis meses más.

El abogado de Añez, Luis Guillén, afirmó que la intención del Gobierno y del MAS es instaurar juicios ordinarios y evitar el juicio de responsabilidades contra su defendida, debido a que el procedimiento para este último tipo de causa no contempla la detención preventiva del acusado. 

Organismos internacionales
“Este es un juicio político”, sentenció Ribera, quien lamentó que el gobierno del presidente Luis Arce y el MAS no hagan caso a las observaciones de organismos internacionales al debido proceso en contra de Añez, entre ellas al Parlamento Europeo, al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al mismo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).

En abril, el Parlamento Europeo condenó la detención de Añez y pidió a las autoridades bolivianas su liberación y la de dos de sus ministros y otros políticos encarcelados, así como la retirada de los cargos contra ellos con motivos políticos. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el expresidente Evo Morales calificaron a esa resolución del Parlamento como una “injerencia” y una “confirmación” de “complicidad” en el “golpe de Estado”.

A mediados de agosto, el GIEI entregó su informe luego de investigar los hechos violentos que se registraron en 2019. En él concluyó que, tras la posesión de Añez, hubo masacres en Sacaba y Senkata, en contra de grupos afines al MAS, además de una violencia racista que requiere sanción. También observó deficiencias para garantizar la independencia judicial en el país.

Tras conocer el informe del GIEI, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que este caso es una “cuestión de Estado” y aseguró que se cumplirán las recomendaciones que dio este grupo. Defendió el debido proceso en contra de Añez y aclaró que la exautoridad es juzgada por “autoproclamarse” en una Asamblea Legislativa sin quórum como Presidenta.

Lima, también sustentó en diferentes oportunidades el respeto al debido proceso en el caso de Añez. Afirmó que la detención de la expresidenta se dio porque estaba en aprestos para fugar el país y aseguró que el rechazo a diferentes recursos judiciales para su libertad demuestra que se respetan los procedimientos judiciales.

Durante los nueve meses de detención preventiva, Añez tropezó con una serie de problemas de salud, a raíz de la hipertensión y depresión que padece. El 21 de agosto, la exmandataria se “autolesionó”, causándose heridas en la mano con un clip de escritorio y luego recibió atención médica.

El Ministro de Justicia aseguró en diferentes oportunidades que el derecho a la salud de Añez fue respetado “en todo momento y desde el Gobierno se hace todo lo necesario para preservar la salud de ella y de los más de 18 mil privados de libertad”.

BD/JJC