Conade anuncia cabildo para interpelar al TSE con respaldo de tres millones de personas

Brújula Digital |29|11|2021|

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunció que promoverá un cabildo el próximo 14 de enero de 2022 para conocer si Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún es imparcialidad y transparencia con respaldo de tres millones de personas que estarán disgregadas en las nueve capitales de departamento del país.

La convocatoria tendrá como fin preguntar al TSE, si va autorizar la realización de una auditoría al padrón electoral, prestarán declaraciones puntuales para aclarar las denuncias que hizo la exvocal, Rosario Baptista, y, sobre todo, conocer si mantienen una conducta, imparcial y transparente, frente al poder, declaró el dirigente del Conade, Manuel Morales a una radio local en La Paz.

La vocal Baptista afirmó en su carta de renuncia a principios de mes que el TSE no es independiente y que bajo las actuales condiciones el partido gobernante nunca perderá una elección.

Al respecto Morales dijo que “pesan sobre (los vocales) denuncias sobre irregularidades (que hubieran cometido)” y para sustentar sus comentarios preguntó a los actuales tribunos “¿cómo es posible que 6 vocales de 7, que forman parte de la Sala Plena), hubieran votado a favor del MAS?”.

Entonces lo que sucederá es que el “acto cívico-ciudadano es para recuperar el TSE para la democracia, con independencia, imparcialidad”, dijo el activista.

Tres millones para responder al MAS

Morales aseguró que el Conade espera congregar a tres millones de ciudadanos en el cabildo del próximo año “sin pagar a la gente para que pueda movilizarse y distribuir fichas de control” como hizo la marcha que propicio el expresidente, Evo Morales.

“Esa es la respuesta que le vamos a dar al MAS, tres millones de habitantes movilizados para interpelar la conducta que mostró, hasta ahora, el TSE”, recalcó.

Según Morales si los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral no demuestran imparcialidad y respeto a la Ley y la Constitución Política del Estado “que se vayan a su casa”.

BD/EMV