Gobierno intensifica "socialización" de la Ley 1386 para frenar la escalada protestas

Brújula Digital |13|11|2021|

Convencer que la Ley 1386 no es persecutoria es la misión que se trazó el Gobierno y para ese fin agiliza  reuniones maratónicas con organizaciones sociales que tienen cercanía con el partido oficialista.

El objetivo es frenar la escalada de protestas anunciada para la siguiente semana si es el Luis Arce no abroga esta norma polémica, repudiada por sectores como gremiales, choferes y cívicos y exaltada por sectores del oficialismo.

Esta mañana, autoridades del Gobierno instalaron una reunión con sectores gremiales en la ciudad Cochabamba.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, destacó el inicio de las conversaciones y dijo que el diálogo se realizará en base al respeto mutuo, sin alusiones personales y de forma concreta.

“Es un elemento que nos va a permitir avanzar, vayamos al meollo del asunto, al punto concreto que está generando la susceptibilidad para ir buscando soluciones”, indicó según cita la agencia gubernamental ABI.

"El Gobierno nacional del Presidente Luis Arce Catacora tiene la máxima amplitud para escuchar a los sectores, esa ha sido siempre la tónica que le hemos impreso a nuestro Gobierno y somos un gobierno que va a gobernar escuchando al pueblo", señaló.  

Al diálogo asisten representantes de las federaciones de gremiales del país y de la Confederación de Gremiales.

Según el Ministerio de Economía al gran encuentro asisten la Confederación de Gremiales de Bolivia, Federación de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos en Artículos Varios de la ciudad de El Alto, Federación Única de Trabajadores por Cuenta Propia y Comerciantes Minoristas de Chuquisaca, Federación de Gremiales del Trópico y otras organizaciones gremiales.

La Ley 1386, según los sectores movilizados, crinimaliza las actividades económicas informales porque considera que éstas fomentan la legitimación de ganancias ilícitas.

El Gobierno, desde el otro frente, defiende la norma y señala que esta forma parte de un marco legal necesario para que Bolivia pueda combatir flagelos como el lavado de dinero, trata de personas, narcotráfico y otros.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, se trasladó a la ciudad de Sucre oara reunirse con los sectores transportistas "para aclarar sus dudas y desmentir que la norma afecta a transportistas y a gremialistas" publicó en su cuenta de Twitter.

"Pido a la sociedad boliviana que no se deje engañar por videos o mentiras difundidas en redes sociales. El pueblo ya eligió, ya decidió, en las urna" reflexionó Montaño en declaraciones registradas por Bolivia TV.

Según el Gobierno, detrás de las movilizaciones por el paro indefinido hay una conspiración en contra del mandato del presidente Arce, quien el 8 de noviembre cumplió un año en el gobierno.

BD/JCV