ESPECIAL: El año en que los organismos internacionales le dieron reveses al Gobierno de Luis Arce y a Evo Morales

Brújula Digital|08|11|21|

A pesar que el fiscal General, Juan Lanchipa cerró el caso fraude electoral el 27 de julio, basado en un cuestionado informe de la Universidad de Salamanca, fue el año que el Gobierno de Luis Arce y el expresidente Evo Morales, recibieron importantes reveses internacionales, que fueron en línea contraria al denominado “golpe” que se pretende instalar desde el oficialismo.

Los tres reveses jurídicos, políticos y técnicos por parte de organismos internacionales fueron sobre temas neurálgicos que hacen a los discursos del oficialismo frente a lo que denominó “golpe de Estado”, a su negación del fraude electoral de 2019 y a su defensa férrea de que la reelección indefinida “es un derecho humano”.

La Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C-IDH) se pronunciaron contrariamente al oficialismo en temas que hacen no sólo a la polarización política que vive el país, sino que se han traducido en procesos judiciales.

Fue el año en que también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) a solicitud del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez emitió el 17 de agosto un informe sobre la crisis post electoral de 2019. En el mismo, no estable si hubo fraude electoral o golpe. Sin embargo advierte que hubo vacío de poder tras la renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera además de la línea sucesoria en el oficialismo, y que Áñez "se proclamó" presidenta en una sesión sin quórum.

El GIEI advirtió entonces la falta de independencia de la administración de justicia y el uso de figuras penales como “sedición y terrorismo” para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y de líderes de oposición. Aunque dejó en claro que no es una característica privativa del Gobierno actual.

“No hubo planificación de golpe”

La Unión Europea fue la primera en pronunciarse el 5 de agosto en respuesta a las sendas acusaciones que hizo el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, también abogado de Evo Morales, quien adjetivó de “delincuentes” a representantes diplomáticos, políticos y de la Iglesia Católica que se reunieron en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana los días críticos de noviembre de 2019.

Esas reuniones tuvieron como único objetivo “ayudar a pacificar el país en tiempos de extrema tensión facilitando una plataforma para el diálogo, con el propósito de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió al país”, aclaró la Unión Europea. Fue cuando Bolivia sufría de un vacío de poder tras la renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera y la línea de sucesión constitucional dentro del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, quien ha fungido como abogado de Evo Morales, acusó a quienes participaron de dichas reuniones en la UCB, de “delincuentes”, de haberse atribuido competencias que no les correspondía y que “conspiraron” para planificar un “golpe de Estado”.

Sin embargo varios de los citados a declarar ante la Fiscalía en calidad de testigos aseguraron que acudieron a dichas reuniones a invitación de las exasambleístas del MAS, Adriana Salvatierra y Susana Rivero.

La UE aclaró que bajo el liderazgo de la Iglesia, “ayudó a facilitar” reuniones con actores clave de todos los partidos políticos, incluido representantes del Movimiento al Socialismo (MAS). Todo esto en medio de una convulsión política y social que rebasó a la Policía con violentas protestas afines al oficialismo.

“Fueron elecciones viciadas de graves irregularidades”

El segundo revés lo dio la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando el 9 de agosto ratificó sus hallazgos del Análisis de Integridad Electoral sobre las elecciones 2019, por el que concluye “hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.

Lamentó además del informe de la Universidad de Salamanca, que a pesar de admitir graves hallazgos en materia informática concluye que “no supuso una manipulación de los datos".

La OEA a pedido del Gobierno de Evo Morales; realizó una auditoría integral a las elecciones de octubre de 2019, y concluyó que: “hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.

Y a pesar que dicha auditoría era de carácter vinculante, tal como el excanciller Diego Pari lo informó en cadena abierta a través de medios nacionales e internacionales, el Gobierno de Luis Arce desconoció la palabra del Estado boliviano e inmediatamente la Fiscalía supeditada al Poder Ejecutivo cerró el caso fraude electoral, valiéndose del informe de Salamanca que mandó hacer con el pago de más de 200 mil bolivianos.

La Secretaría de la OEA observó que el estudio pericial, pagado por la Fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base a información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019.

“Asimismo, este ejercicio se llevó a cabo mucho tiempo después de la elección, fue realizado a distancia, por un equipo sin experiencia en materia electoral y contratado por la propia Fiscalía”, observó la OEA.

A pesar de las profundas deficiencias del informe pericial de Salamanca, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia resaltó que su principal acierto fue confirmar los graves hallazgos en materia informática contenidos en el Análisis de Integridad Electoral llevado a cabo por la SG/OEA a petición del Gobierno de Bolivia en 2019.

Por ejemplo, la ratificación de la utilización de dos servidores ajenos a la estructura tecnológica establecida para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

También destacó que el informe Salamanca ratificó que el entorno permitía la manipulación de los datos, suplantación de actas o cualquier otra maniobra a través de usuarios con privilegios root2 en TREP y cómputo; la falta de registros que impiden determinar la actividad de los usuarios sobre las bases de datos; que se redirigió el tráfico hacia una red externa que estaba fuera de dominio, administración, control y monitoreo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y que hubo destrucción de la evidencia.

Pero también apuntó la OEA que el catedrático de Salamanca y los dos investigadores ratificaron otros aspectos que comprometen la integridad de los sistemas utilizados en las elecciones de Bolivia en 2019.

Lamentó la OEA que a pesar de que la Universidad de Salamanca coincidió en los hallazgos graves y de haber señalado que el proceso electoral tuvo “errores imperdonables”, concluya que estos no afectaron los resultados finales del cómputo.

“La reelección indefinida no es un derecho humano”

El tercer revés para Morales y el MAS se conoció el 12 de agosto de manera extraoficial, cuando el documento borrador de la Corte–IDH fue divulgado por algunos medios de comunicación y que horas después fue confirmado por la propia organización. Frente a una opinión consultiva solicitada en 2019 por Colombia, concluyó “que la reelección indefinida no es un derecho humano, y que más bien, es contraria a los principios de una democracia representativa”.

Para que no quede dudas, la Corte IDH señala en la parte resolutiva de su fallo que: “La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”.

Con la intención de perpetuarse en el poder, Evo Morales desconoció los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y solicitó al Tribunal Constitucional hacer una interpretación de sus derechos. El entonces ministro de Justicia, Héctor Arce fue uno de los más entusiastas impulsores para que se “respetaran los derechos del expresidente” por encima de la voluntad del voto.

Ante una evidente falta de independencia de poderes y contrariamente a lo que establece la Constitución Política del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional terminaron dándole la razón a Evo Morales y de eso modo lo habilitaron a participar en las elecciones de octubre de 2019, en busca de un cuarto mandato, lo cual está en contra de la propia Constitución que pone como límite solo una sola reelección continua.

BD JMC