DPLF ve que proyecto de ley contra ganancias ilícitas vulnera la recomendación 29 del GAFI

Brújula Digital |06|10|21|

El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) debe ser una instancia independiente, no dependiente del Gobierno como establece el borrador de normativa.

Esa posición fue expresada por Ramiro Orias, oficial de programa de la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF, por su sigla en inglés), quien advirtió que la actual normativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se encuentra en revisión en el Senado, además vulnera principios de confidencialidad reconocidos en normativas internacionales y, en el caso de Bolivia, incluso pone en riesgo la recopilación de datos fidedignos en el censo de población y vivienda prevista para 2022.

En criterio de Orias, en el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, la UIF aparece como una instancia dependiente de autoridades del Órgano Ejecutivo, lo que deja de lado la recomendación número 29 de la GAFI. En el borrador de normativa se indica que la UIF es la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales (Conal).

Según el mismo borrador de norma, el Conal está conformado por los ministerios de Economía, Gobierno, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, además de la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía General del Estado.

La recomendación 29 de la GAFI establece que “La UIF debe ser independiente y autónoma operativamente, lo que significa que la UIF debe contar con autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o comunicar información específica. En todos los casos, ello significa que la UIF tiene el derecho independiente de remitir o comunicar información a las autoridades competentes”.

La misma recomendación agrega que “La UIF se puede establecer como parte de una autoridad existente. Cuando una UIF esté ubicada dentro de la estructura existente de otra autoridad, las funciones centrales de la UIF deben distinguirse de las de la otra autoridad”.

¿Por qué es importante la recomendación 29 de la UIF y cuáles son sus riesgos con el actual proyecto de ley? Al respecto, Orias sostiene que la importancia de esta sugerencia es que garantiza la imparcialidad y la independencia en toda investigación financiera, así como la garantía de la confidencialidad y secreto de la información a ser procesada.

Entre los riesgos, indica que la UIF, al depender de autoridades políticas, se deja de garantizar la independencia, imparcialidad, confidencialidad y secreto de la información sobre un sujeto investigado. Incluso advirtió que con esos elementos se puede investigar a políticos de la oposición, empresarios, gremios que sean contrarios al Gobierno o, incluso, a disidentes del partido gobernante, en este caso del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Cuestionó que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado formen parte de la estructura de investigación de ganancias ilícitas, cuando su actividad es mucho más política.

Orias también señaló que el artículo 11 del proyecto de ley contra las ganancias ilícitas vulnera los principios de secreto bancario y profesional que están reconocidos en normativas internacionales, los mismos que dan garantías para proteger información confidencial de una determinada persona.

Riesgo para el censo

Para Orias, cuando la normativa deja al descubierto el secreto de datos confidenciales, entre ellos el bancario y el profesional, se pone en riesgo la obtención de datos fidedignos del censo de población y vivienda previsto para el próximo año, especialmente los relacionados con el campo económico.

El integrante de la DPLF advierte que las personas, al ver la amenaza de que sus datos confidenciales puedan ser utilizados por autoridades políticas, puede optar por dar información falsa durante las entrevistas que se llevan adelante en el censo.

Indicó que las personas podrán ver como riesgo de que las autoridades políticas incluso puedan acceder a las boletas censales para extraer información que pueda ser utilizada en su contra.

BD/JJC