Política | 30/09/2021

Defensoría insta a la unidad de la Adepcoca y se ofrece como veedora

La Defensoría del Pueblo emitió este jueves un pronunciamiento sobre el conflicto por la Presidencia de la Adepcoca que ya cumple 11 días. Pidió a la Policía Boliviana no incurrir en el uso excesivo de gases lacrimógenos

Cocaleros enfrentados con policías. Foto: FM Bolivia

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Brújula Digital |30|09|21|

En el décimo primer día de pugna por la Presidencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre este conflicto e instó a la Adepcoca a fortalecer la unidad de sus afiliados y se ofreció para ser veedora del posible escenario para la búsqueda de soluciones.

Desde el lunes de la semana pasada, los productores de coca se encuentran divididos por tener la Presidencia de la Adepcoca. El sector de Armin Lluta, dirigente orgánico, fue desalojado violentamente de la sede cocalera la madrugada del lunes por el grupo de Arnold Alanes, afín al MAS. Inmediatamente, la Policía cercó el lugar y resguardó los predios. Los productores de Lluta buscan, desde entonces, retomar el mercado de la coca, pero la Policía lo impide, por lo que se registraron enfrentamientos que llegaron a afectar a vecinos de Villa Fátima y Villa El Carmen.

“La Defensoría del Pueblo insta a la ADEPCOCA a buscar y fortalecer la unidad de las y los socios productores de la hoja de coca y generar un solo espacio conjunto en el que se pueda lograr la solución de este conflicto que los tiene divididos desde hace años, y posibilitar la pacificación que ansía toda la población. La Institución Defensorial reitera sus buenos oficios para ser veedora de este posible escenario a fin de coadyuvar en la búsqueda de soluciones, con la esperanza de que las dirigencias depongan posiciones por el bien de los Yungas”, se lee en el pronunciamiento que sacó este jueves la Defensoría.

Asimismo, esta institución lamentó que, a 11 días del conflicto, éste haya dejado durante los enfrentamientos: 25 civiles heridos (cuatro mujeres y 19 varones); siete policías heridos (tres mujeres y cuatro varones); y la detención de nueve mujeres y 60 varones, 10 de ellos aún en calidad de aprehendidos. 

“Si bien el ejercicio de la protesta tiene un marco constitucional de protección y las tareas de orden interno se hicieron necesarias, la intervención defensorial constató afectaciones a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, comerciantes y vecinos de las zonas Villa Fátima y Villa El Carmen, producto del uso indiscriminado de explosivos y gases lacrimógenos que ha derivado, también, en daños materiales a la propiedad privada y pública como el incendio del módulo policial de la EPI Minasa y la afectación del Hospital San Francisco de Asís sin considerar la existencia de pacientes internados, dejando en una situación de zozobra en el lugar”, acotó la Defensoría en el documento que publicó en esta jornada.

La defensoría hizo notar que durante este conflicto, realizó diferentes acciones de acercamiento con las partes y convocó en cinco oportunidades a instalar una mesa de diálogo para resolverlo de manera pacífica. En este caso, acotó, las dirigencias no depusieron sus posiciones antagónicas, manteniendo la confrontación en el sector hasta la fecha. 

Durante los últimos 11 días, además de realizar monitoreo y seguimiento al conflicto, realizar verificaciones in situ y emitir denuncias públicas y formales ante el Estado, la Defensoría del Pueblo indicó que se contactó con la dirigencia de las mujeres que son parte del comité de autodefensa del sector cocalero movilizado y con la dirigencia que se encuentra en posesión del mercado de la coca, a fin de generar un espacio de diálogo entre todas y todos. No obstante, dijo que las negociaciones np tuvieron éxito. 

En ese sentido, indicó que la Defensoría insta al sector movilizado a plantear sus demandas en un marco de respeto de la ley y exhortó a la Policía Boliviana a enmarcar su trabajo en lo que disponen las normas de derechos humanos y no incurrir en el uso excesivo de agentes químicos, asegurar la presencia de personal policial calificado en este tipo de intervenciones para garantizar que no se afecte a la población, tomando en cuenta la zozobra que se ha provocado y la vulneración a la integridad psicológica y física de vecinos.

BD/JJC

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