El proyecto de ley de legitimación encuentra resistencia en al menos 10 sectores

Brújula Digital |29|09|2021|

Al menos 10 sectores sociales rechazan el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas que se encuentra en la Asamblea Legislativa y demandan desde ajustes hasta la anulación porque temen que las autoridades realicen una aplicación arbitraria de la norma.

Entre los sectores que expresaron su descontento están gremiales, exportadores, transportistas, iglesias evangélicas, periodistas, comerciantes minoristas, entre otros.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, afirmó que este proyecto de afecta a su sector "porque crea una comisión para investigar al sector informal para saber ¿de dónde ha sacado su plata? ¿Cómo tiene su plata? ¿Cómo ha conseguido su casa?, eso es lo que dice. A simple denuncia ellos pueden intervenir incluso una vivienda. Esos temas son realmente delicados que están ahí y los técnicos han explicado a la gente en el ampliado”, explicó Figueroa en declaraciones a Red Uno.

Los gremiales temen que el Gobierno intervenga sus negocios con la excusa de lucha contra la legitimación de ganancias irregulares porque se trata de negocios informales y que se acrecentaron a consecuencia de la falta de empleo.

El proyecto de ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas fue aprobada en la Cámara de Diputados y espera la aprobación del Senado pero afronta varias observaciones y amenazas de movilizaciones.

El representante de las iglesias evangélicas, Luis Aruquipa, advirtió que la norma es "retroactiva" por lo que las congregaciones cristianas tendrán que dar cuentas de los diezmos, ofrendas y otros recursos que percibió desde 2011.

"Si usted ha comprado una casa, una iglesia, un auto tendrá que informar a la UIF será investigado como un delincuente, esa ley también dice que se podrá realizar allanamientos sin orden judicial" denunció.

El exdirigente de la Federación Andina de Choferes de la ciudad de El Alto, Eddy Condori, afirmó que con esta norma el Gobierno busca afectar la economía de los sectores informales por lo que ese sector se declaró en "estado de emergencia".

La norma en cuestión es defendida por el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) porque, según explican, sistematiza normas que ya están vigentes y que no habrá una persecución como se denuncia.

El proyecto de ley señala que “toda persona natural o jurídica, pública o privada” debe informar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre sospechas de legitimación de ganancias ilícitas.

Además las personas deben emitir toda la información que la entidad gubernamental requiera para realizar las investigaciones.

Las asociaciones de periodistas y de prensa también lanzaron alertas del riesgo de la reserva de la fuente, protegido por la Ley de Imprenta, porque los reporteros no podrían apelar a este principio para mantener en reserva la fuerte de una información.

Lo que dice la norma

El artículo 18 de la norma señala: Tienen el deber de remitir información a requerimiento de la UIF en los plazos y condiciones que ésta defina al efecto, las personas naturales y jurídicas que se dedican a las siguientes actividades comerciales y no comerciales:

a) Comercialización de inmuebles y muebles sujetos a registro;

b) Comercialización de obras de arte y objetos arqueológicos.

c) Comercialización de armas de fuego;

d) Actividades hoteleras, servicios de turismo y agencias de viaje;

e) Construcción de carreteras e infraestructura vial;

f) Transporte aéreo nacional o internacional que operan en territorio nacional;

g) Usuarios u operadores directos e indirectos de zonas francas, despachadores de aduanas y empresas de importación y exportación”.

h) Exploración, explotación y comercialización de recursos naturales;

i) Servicios educativos y de formación;

j) Asociaciones civiles, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales y extranjeras, organizaciones políticas, agrupaciones y toda organización sin fines de lucro; y

k) Otras actividades económicas establecidas en el Código de Comercio.

Control de Constitucionalidad

El proyecto de ley tuvo muchas observaciones de varios sectores. La Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) solicitó que se efectúe un control de constitucionalidad a la ley.

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Senadores, Corina Ferreira, demandó al presidente de la Cámara Alta Andrónico Rodríguez, el aplazamiento del proyecto de ley 218/2021 de "Legitimación de Ganancias Ilícitas”, que debía ser considerado esta semana, y su envío al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que realice un control previo de constitucionalidad.

“Este proyecto de ley, es uno más de los tantos que ya fueron presentados y promulgados por el gobierno del MAS que atentan los derechos fundamentales de los bolivianos y que además se convierten en mecanismos de persecución y hostigamiento para todos aquellos que no apoyan la línea política del Gobierno”, señaló Ferreira ayer en rueda de prensa.

El jefe de esa alianza y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, afirmó que "la ley contra enriquecimiento ilícito que es inconstitucional, busca dotar al MAS de otro instrumento de persecución y chantaje, y amenaza los derechos de gremiales, periodistas, transportistas, comerciantes, iglesias, ONGs, y otros, no puede aprobarse ni permitirse".

El proyecto de ley no afecta a ningún sector

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró que el Proyecto de Ley N° 218/2020-2021, “Contra la Legitimación  de  Ganancias Ilícitas,  Financiamiento  al Terrorismo  y  Financiamiento  de  la  Proliferación  de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, no afecta al sector gremial, choferes del transporte libre y sindical, comerciantes de carne, periodistas y otros sectores de la actividad económica, según una nota de prensa de ese ministerio.

El artículo 11 del proyecto normativo establece que los Sujetos Obligados a informar algún movimiento sospechoso e irregular deben reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras estos hechos que no presentan ningún respaldo técnico y económico.

En los "Sujetos Obligados" están contemplados las siguientes entidades: los Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Instituciones Financieras de Desarrollo, Entidades Financieras de Vivienda, Entidades de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósitos, Casas de Cambio, Remesadoras de Dinero, Compañías de Seguro, Corredores de Seguro, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Empresas Transportadoras de Dinero y/o Valores, Entidades de Titularización del Mercado de Valores, Burós de Información Crediticia, Notarios de Fe Pública, Juegos de Azar y Casino.

“La propuesta de este Proyecto de Ley no afectará a gremiales, ni a periodistas porque lo que pretende esta norma es compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está dispuso en varias leyes”, aclaró.

BD/JCV