La wiphala otra vez en el epicentro del conflicto: El MAS anuncia desde procesos hasta marchas

Brújula Digital |27|09|2021|

La wiphala otra vez está en el centro de un conflicto después de que el viernes durante un acto cívico en Santa Cruz de la Sierra se agravió al símbolo patrio.

Esta acción ofendió profundamente al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en función de Gobierno, que de inmediato anunció desde procesos hasta movilizaciones en defensa de la bandera de la "equidad".

El parágrafo II del artículo 6 de la Constitución Política del Estado indica que "los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la escapalera; la flor de la kantuta y la flor de patujú".

En noviembre de 2019, durante la crisis política, la quema de este símbolo patrio por parte de algunos policías desató una indignación de los sectores aliados del MAS esencialmente populares que la descargaron con protestas violentas que afectaron a propiedades privadas al extremo de que los propietarios de negocios y viviendas particulares tuvieron que izar la wiphala para que sus propiedades no sean saqueadas o apedreadas.

El presidente Luis Arce ayer en Achacachi, el bastión de los llamados "ponchos rojos", respondió al enfado de este sector: "La wiphala se respeta hermanos porque es el lenguaje, la historia, es el resumen de la lucha de nuestros pueblos indígenas y no se borrará con el capricho de un grupo de personas, es lucha, esa batalla de años, no se borra con una paradita de gallo viejo".

El hombre de la "paradita de gallo viejo" es Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, quien el viernes durante el acto cívico restringió el uso de la palabra al vicepresidente David Choquehuanca, quien entonces estaba como presidente en ejercicio ya que Arce se encontraba en la Asamblea de la ONU.

El Mandatario dijo que observa con "preocupación" el "regreso" de "algunos sectores racistas" que no entienden que Bolivia tiene nueve departamentos. "Santa Cruz no es la hacienda de nadie, Santa Cruz es de los todos los bolivianos", proclamó ante la multitud de "ponchos rojos".

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, le dijo a Camacho que "Santa Cruz no es su hacienda, la plaza 24 de Septiembre no es su hacienda (...) La plaza 24 de Septiembre nos representa y es un espacio del pueblo cruceño, es un espacio que integra y es un espacio que cobija a bolivianas y bolivianos, que también llegan de otros departamentos orgullosos de sus raíces aimaras, quechuas, yuracarés, guaraníes (...) ogullosos de su wiphala”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, se adelantó y el mismo día de agravio anunció procesos por el ultraje a la wiphala y el sábado ya tenía la querella contra Lizzeth D. F. y Keyla G. M., identificadas como algunas de las que bajaron el símbolo patrio que fue izado por el vicepresidente Choquehuanca.

La negativa de Camacho de darle la palabra a Choquehuanca, según dijo, también será castigada. “La actitud de Luis Fernando Camacho, de impedirle ejercer una función presidencial que es la de hablarle al pueblo de Santa Cruz, de darle la palabra de la representación que el ejercía, constituye también una actividad que no puede quedar impune".

El MAS, a través de sus organizaciones sociales, convocó a un "wiphalazo" que será expresado con actos de desagravio de esa bandera en varias ciudades del país, por ejemplo La Paz, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba y Tarija.

La convocatoria al acto fue difundida por redes sociales de las organizaciones sociales, medios de comunicación y de gobiernos subnacionales controlados por el MAS.

Los "ponchos rojos", declarados en "estado de emergencia" pidieron a Arce que hagan respetar ese símbolo patrio y demandaron al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, dar con los autores intelectuales y materiales para sancionarlos de "manera ejemplar", de lo contrario asumirán "determinaciones más contundentes" como movilizaciones y hasta "cercos" a las ciudades.

Los sectores sociales del municipio de Montero (Santa Cruz) se declararon en "alerta roja" y amenazaron con sacar del cargo a Camacho y enviarlo a la cárcel por el ultraje a la "bandera que representa a las 36 naciones indígenas".

BD/JCV