En el último lustro, la libertad de expresión sufrió al menos 3 amenazas en la vía legal

Brújula Digital |23|09|21|

En los últimos cinco años, la libertad de expresión se vio amenazada en Bolivia, en la vía legal, por al menos tres normas o proyectos de normativas: el Código del Sistema Penal Boliviano, decretos de lucha contra la pandemia del coronavirus y, actualmente, por el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Con relación a los tiempos, las amenazas a la libertad de expresión se dieron en los gobiernos de los expresidentes Evo Morales y Jeanine Añez y en la actual administración del presidente Luis Arce.

En 2017 se dio curso al proyecto de Ley del Sistema Penal Boliviano, el mismo que plateaba dejar sin efecto el único artículo del antiguo Código Penal que sancionaba los delitos que se cometen en contra de la libertad de prensa, específicamente el impedimento de la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión. Por el contrario, la normativa abría la posibilidad de que periodistas, directores y propietarios de medios sean pasibles a ser sancionados por delitos penales.

Esa norma fue aprobada a fines de 2017 por la Asamblea Legislativa. Los gremios periodísticos denunciaron que los artículos 309, 310 y 311 sobre injuria, calumnia y difamación, respectivamente, afectaban a la libertad de expresión y de prensa y ponían en riesgo a la Ley de Imprenta. Las organizaciones de trabajadores y directores de medios de comunicación se declaración en emergencia por esa situación.

En 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, el Ejecutivo aprobó tres decretos supremos, 4119, 4200 y 4231, referidas a la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena nacional para prevenir el contagio y la propagación del coronavirus en Bolivia.

Dentro de esas normativas se estableció que se sanciona penalmente la difusión de la información “escrita, impresa y/o artística” que genere “incertidumbre en la población”.

Esas normativas fueron criticadas desde el sector de las organizaciones de periodistas. También se sumaron voces externas, como la de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien sostuvo que “el gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”.

En mayo de 2020, ante las protestas desatadas, el gobierno de Añez derogó las restricciones a la libertad de expresión contenidas en los tres decretos emitidos. Por entonces, el Ejecutivo informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atendió “ciertas inquietudes” respecto a decretos promulgados en el marco de emergencia nacional y cuarentena contra el contagio del coronavirus.

Actualmente, las organizaciones periodísticas rechazan artículos del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que está en consideración en el Senado, tras su aprobación en la Cámara de Diputados. Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), advirtió que en el artículo 11 de ese borrador hay una amenaza a la libertad de expresión y al secreto de fuente que están reconocidos por la Ley de Imprenta.

“No sólo es el artículo 11, sino también los artículos 7, 9, 14, 21 que también interfieren con el trabajo nuestro y, además, dan paso a la censura previa porque en uno de ellos se establece que la información que maneja la Unidad de Investigación de Fortunas, porque así se llama esta entidad que más parece una entidad policiaca, ya que los periodistas no podemos informar sobre algún documento que ella tiene, entonces es censura previa”, sostuvo.

Glasinovic hizo un llamado a los legisladores para que se den cuenta que cometen un exceso, que violan la libertad de expresión y echan por tierra todo el ordenamiento legal bajo el cual los periodistas ejercen su trabajo. 

BD/JJC