Activistas de la APDHB se convierten en blanco de amenazas de afines al MAS

Brújula Digital |07|09|21|

La presidenta y el asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal y Franco Albarracín, respectivamente, se convirtieron, desde la semana pasada, en blanco de amenazas con el inicio de un juicio y la quema de una casa por parte de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Carvajal y Albarracín cuestionaron el proceso que se le lleva adelante a la expresidenta Jeanine Añez, encarcelada desde mediados de marzo, por considerar que se vulneran sus derechos. Ambos dejaron claro que no se oponen a que la exmandataria sea juzgada, pero pidieron que sea a través de un debido proceso.

Incluso la Presidenta de la APDHB encabezó marchas, junto a Carolina Ribera, hija de Añez, para exigir la liberación de Añez, para que la exautoridad, quien padece hipertensión y depresión, sea internada en un hospital y se defienda legalmente desde fuera de la cárcel.

Esta acción fue cuestionada por el Ejército Guerrero - Wila Lluch'us (gorros rojos), grupo que hizo campaña electoral para el candidato del MAS a la Gobernación de La Paz, Franklin Flores, para los comicios de marzo de este año, según un reporte de Página Siete.

El Ejército Guerrero - Wila Lluch'us difundió en los últimos días una serie de videos en los que amenazan con quemar la casa de Carvajal, debido a que cuestionan su posición respecto a la expresidenta, de quien dijeron que “se pudra en la cárcel”.

Si bien cuestionó los llamados a la violencia, el diputado Daniel Rojas (MAS) advirtió este martes que este tipo de reacciones, como de los Wila Lluch’us, se dan porque Carvajal incluso emitió su respaldo a la Resistencia Juvenil Cochala (RCJ), un grupo que es cuestionado por el MAS y el Gobierno, por sus actuaciones que tuvo durante los conflictos poselectorales de 2019 en contra de sus militantes.

Rojas acotó que se debe diferenciar entre “amenazas”, emitidas por los Wila Lluch’us, y las acciones de hecho, como las protagonizadas por la Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cruceñista en 2019.

El expresidente y presidente del MAS, Evo Morales, se apresuró el lunes en aclarar que los Wila Lluch’us no pertenecen a esa organización política. “Como presidente del MAS-IPSP desmiento la información que se difunde en relación a un 'grupo extremista' denominado 'Wila Lluch'us' presentado como integrante de nuestro instrumento político. Esas mentiras benefician a falsos activistas de DDHH que defienden a golpistas de derecha”, escribió en su cuenta en Twitter.

En el caso de Franco Albarracín, hijo del exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, fue blanco de amenaza de ser incluido en el proceso denominado “golpe de Estado”, por supuestamente haber armado grupos paramilitares en los conflictos de 2019. El anuncio de la acción legal fue emitido por Aldo Michel, exdiputado de Conciencia de Patria (Condepa) y actual militante del MAS.

La intención de Michel de incluir a Albarracín en un proceso legal fue denunciada por el mismo activista de la APDHB, quien indicó que la amenaza la lanzó en un programa radial. 

Esa intención fue rechazada por el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Las acusaciones contra @albarracin fra son un total disparate. Durante el gobierno de Jeanine Áñez, militantes del MAS se quejaban, con razón, que eran perseguidos con procesos judiciales sin pruebas, y ahora que ellos están en el poder hacen lo mismo”.

Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, también cuestionó la acusación en contra de Albarracín. "El reconocido defensor de #DDHH Franco Albarracin ha recibido amenazas y acusaciones infundadas y peligrosas. Demandamos al gobierno de @LuchoXBolivia protección para @albarracin_fra y reconocimiento a la importante labor de personas defensoras de #DDHH en #Bolivia", escribió en su cuenta de Twitter.

Michel fue identificado el 26 de agosto como una de las personas afines al MAS que intentó tomar la sede de la APDHB en la ciudad de La Paz.

BD/JJC