APDHB ve violación de 6 derechos de Añez; duda que el Gobierno argumente lo contrario ante la CIDH

Brújula Digital |02|09|21|

En el proceso que se le sigue a la expresidenta Jeanine Añez, desde su aprehensión hasta su actual encarcelamiento, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) advirtió la vulneración de al menos seis derechos de la exmandataria, por lo que duda que el Gobierno argumente lo contrario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le solicitó información.

El abogado Franco Albarracín, asesor jurídico de la APDHB, sostuvo que los derechos de la expresidenta fueron vulnerados desde el momento de su aprehensión, a mediados de marzo de este año, debido a que ni siquiera fue notificada. Actualmente, Añez cumple detención preventiva en el penal de Miraflores, desde hace más de cinco meses.

“Sin ningún tipo de duda, nosotros calificamos a este juicio como una grave vulneración a los derechos humanos, es una catástrofe desde nuestro punto de vista, no hay ningún fundamento legal, objetivo ni racional en la denuncia que han presentado en contra de la señora Añez que motive y justifique su detención preventiva”, sostuvo.

Tras emitir esa posición, Albarracín aclaró que la postura de la APDHB no es defender la impunidad sobre las vulneraciones a los derechos humanos que pudieron registrarse durante el gobierno transitorio de Añez, sino, por el contrario, que sea juzgada, pero a través del debido proceso, con el respeto a los derechos humanos de la exmandataria, al igual que a cualquier otra persona.

Los derechos humanos que se le habría vulnerado a Añez son al menos seis, sostuvo el asesor jurídico de la APDHB. El primero tiene que ver con el derecho a la vida digna. Indicó que la situación de la expresidenta es precaria, al igual que el de todos los privados del país.

Esa observación contrasta con la posición que se emitió desde el Gobierno y desde la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que apuntó a que la expresidenta incluso goza de “privilegios”, cuando está en una celda apartada de la población penitenciaria y porque se le permite que le traigan alimentos y no comparta la comida que se distribuye a todas las internas.

El segundo derecho de Añez que no se respeta, prosiguió Albarracín, es el de la integridad personal, pues indicó que se detectaron actos de “tortura sicológica y “tratos crueles”. Un examen médico emitido en agosto confirmó que la expresidenta padece de hipertensión arterial sistémica y depresión.

En este caso, la familia y los abogados defensores de Añez señalan que su situación de salud física y mental es delicada, según los médicos de confianza que le atendieron y sugirieron su internación en un hospital. Sin embargo, un informe médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del 25 de agosto señala que la exmandataria tiene una salud física y mental “estable”.

Albarracín señaló que el tercer derecho vulnerado de Añez es el de la libertad personal, debido a que está encarcelada de forma “arbitraria e irracional”, vulnerando el principio de inocencia que debe tener toda persona. Acotó que no hay una debida investigación del caso, ya que incluso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó que se debía ajustar el tipo penal de terrorismo a estándares internacionales, uno de los delitos por los que es procesada la exautoridad.

El cuarto derecho vulnerado de Añez, según Albarracín, es el de las garantías procesales, pues en este caso no hay independencia de jueces y fiscales, un aspecto que también fue identificado por el GIEI, en un informe entregado en agosto.

El derecho a la salud, sería la quinta vulneración a los derechos de Añez porque fue impedida de acudir a médicos particulares y ser internada en un centro hospitalario. En este caso, añadió Albarracín, no se puede llevar a una persona a un determinado nosocomio sin el consentimiento del paciente o de la familia, como ocurrió cuando se la llevó al Hospital del Tórax y al Hospital del Norte, en El Alto.

El sexto derecho vulnerado de la expresidenta, sostuvo Albarracín es el de la familia, debido a que se encuentra privada de libertad en una ciudad en la que no radican sus familiares. En este punto indicó que la norma internacional señala que a una persona se le debe privar de libertad en un recinto penitenciario cercano a donde radica su entorno familiar.

Con esos antecedentes, Albarracín dijo que “duda” que el Gobierno pueda argumentar lo contrario ante la CIDH, instancia internacional que el lunes solicitó información al gobierno de Luis Arce sobre la salud física y mental de Añez, además de las acciones en defensa de los derechos humanos de la expresidenta que habría asumido.

BD/JJC