Cocaleros yungueños reactivan movilizaciones, antes de la audiencia de Lluta

Brújula Digital |30|08|21|

Afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz reanudaron este lunes sus movilizaciones de protesta, en demanda de atención del Gobierno a cuatro pedidos, antes de que este martes se defina la situación jurídica de Armin Lluta, su presidente orgánico, quien es acusado de desobedecer resoluciones.

Este lunes, los cocaleros de los Yungas protagonizaron una marcha de protesta en la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno la renuncia del viceministro de Coca, Rolando Canceno; la anulación de la Resolución Ministerial 068, que abre el mercado de la coca de Kalajahuira; la anulación de la elección del 4 septiembre y el retorno del control de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin) al mercado de Villa Fátima.Los cocaleros yungueños anunciaron que mantendrán sus movilizaciones en la ciudad de La Paz a la espera de que el Gobierno atienda sus demandas. 

Por otra parte, el Presidente orgánico de la Adepcoca anunció que mañana martes se presentará a la audiencia cautelar en la que se definirá su situación legal, dentro del proceso que se le sigue por el delito de desobediencia a resoluciones.

El dirigente cocalero indicó que no tiene miedo ir a la cárcel, ya que el Ministerio Público, agregó, pidió que sea privado de libertad, bajo la figura de detenido preventivo, en el penal de San Pedro.

El proceso judicial contra Lluta fue abierto porque la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz legitimó, a través de un amparo constitucional, la elección de Elena Flores, dirigente afín al MAS, como presidenta de la Adepcoca, según una determinación del 21 de diciembre de 2020. Esa decisión habría dejado sin efecto la elección de Lluta y su directiva realizada en elecciones internas el 14 de diciembre de ese año.

Dentro de la pugna por la Presidencia de la Adepcoca, Lluta rechazó la determinación del amparo constitucional a favor de Flores, por considerar que su designación en el cargo se hizo con base en la normativa interna vigente.

El amparo constitucional habría sido incumplido porque Lluta y las bases cocaleras que lo apoyan impidieron que Flores tome posesión del mercado de la coca de Villa Fátima. A raíz de esa situación, el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural, habilitó el mercado de la coca de Kalajahuira, una determinación que causó un enfrentamiento entre los cocaleros de Yungas.

En julio, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, promovió una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo entre los sectores de Lluta y Flores, pero ésta fracasó porque Lluta advirtió que la autoridad gubernamental se había parcializado con Flores.

Lluta sostuvo que en julio se promovió esa mesa de diálogo porque el 31 de ese mes iba a concluir el mandato de Flores y no iba a tener quién le suceda.

BD/JJC