Oposición y cívicos creen que el Gobierno no destituye a Lanchipa para mantener sumida a la justicia

Brújula Digital |29|08|21|

En un documento conjunto, la bancada de Comunidad Ciudadana, Creemos, el Comité Cívico de Santa Cruz y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade), aseguran que el gobierno de Luis Arce no quiere la destitución del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa porque quiere mantener la justicia sumida.

“El hecho de que el Gobierno Central, no haya tomado ninguna acción de destitución del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa, es la prueba irrefutable de que el estamento político del MAS mantiene un pacto de encubrimiento de Evo Morales; a pesar de que el Informe Final GIEI– CIDH identificó actos de impunidad evidentes: Quillacollo, Vila Vila, Yapacaní, Betanzos y Montero entre otros”, señala el documento firmado por la oposición y por la sociedad civil.

Asimismo, dicha nota indica que “el gobierno de Luis Arce buscar mantener la sumisión y dependencia de fiscales y jueces al ejecutivo con objetivos políticos y represión”.

A través del documento, la oposición y cívicos exigieron en cuatro puntos en los que establecen el cumplimiento de las recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que halló serios problemas en la independencia del funcionamiento del sistema judicial.

El primer punto establecido, solicita que las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante los conflictos políticos-sociales, se lleven con un Ministerio Público y Órgano Judicial renovados y con nuevos fiscales y jueces que garanticen la independencia, imparcialidad y transparencia.

El segundo punto crítica la medida de detención preventiva, ya que es una forma arbitraria que se convierte en un castigo anticipado, y que es contrario a la presunción de inocencia. Señala que los privados de libertad con dicha medida se defiendan en libertad. “Esta medida debe ser la excepción y no la regla. Las personas detenidas deben defenderse en libertad, con la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas que garanticen su presencia en el proceso. Se exige la libertad de los presos políticos, el cese inmediato de las aprehensiones por razones políticas, a los que denuncian corrupción o luchan por los derechos humanos”.

El tercer punto sostiene que la única manera de que exista un diálogo con todos los actores políticos es con la pronto renovación del Ministerio Público y del Órgano Judicial. “Mientras el Ministro de Justicia y el gobierno de Luis Arce no expresen su intención de apertura, se profundizará la crisis de la justicia en Bolivia”, señala parte del documento.

Y el punto cuatro, denuncia que los ciudadanos bolivianos no cuentan con un sistema judicial que los defienda y por el contrario, “se convirtió en una arma política de intimidación, persecución y apresamiento”.

BD/MC

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