Lima habla de una reforma de la justicia a mediano plazo y rechaza condiciones para activar juicio a Áñez

Brújula Digital|22|08|21|

El ministro de Justicia, Iván Lima se refirió este domingo a los alcances del informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI). Dijo que será el Órgano Judicial el que encare un proceso de "reforma judicial" a mediano plazo, y rechazó la propuesta de la oposición, de reformar primero la justicia, antes de llevar un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta, Jeanine Áñez.

Señaló que el juicio de responsabilidades contra Áñez, por su responsabilidad por las masacres de Sacaba y Senkata tras la firma del decreto supremo 4078 que dio impunidad a las Fuerzas Armadas, no debe estar condicionado por los políticos de oposición a la culminación de una reforma judicial, ya que esta será realizada en un mediano plazo.

“El Legislativo por 2/3 de votos debe aprobar el juicio, Carlos Mesa y Fernando Camacho, quieren evadir esa responsabilidad con el pretexto de la reforma, que en todos los países es de mediano plazo. Dicen que cuando esté la justicia completamente reformada, recién tendrán justicia las 38 familias, eso es anticonstitucional y no la vamos a permitir”, advirtió el ministro. 

Sin embargo el titular de Justicia no mencionó que el GIEI de manera reiterada, remarcó en su informe, la necesidad de contar con un Órgano Judicial independiente e imparcial para garantizar justicia a las víctimas de las graves vulneraciones de Derechos Humanos cometidas durante octubre y diciembre de 2019 y que involucran al tanto al Gobierno de Evo Morales, como a la de Jeanine Áñez.

El GIEI observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones en garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones.

A pesar de ello, Lima destacó un supuesto compromiso de las entidades de la justicia para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, y remarcó que “será el propio Órgano Judicial el que lleve adelante la reforma, con apoyo financiero del Ejecutivo y la aprobación de normas en el Legislativo”. 

Lima indicó que es prioridad de Estado conseguir justicia para las 38 víctimas mortales y reparar el daño. “Que en un informe se diga que bolivianos han muerto en ejecuciones sumarias, es algo muy grave”, subrayó a Bolivia TV.

“Los bolivianos fueron sometidos a un régimen de terror, a un régimen que violó los derechos humanos (…). Refleja autorías; si no se firmaba el ´decreto de la muerte´, las Fuerzas Armadas y policiales no salían a masacrar al pueblo boliviano, las responsabilidades son claras”, aseguró.

El informe que incluye el último de periodo del Gobierno de Evo Morales y el comienzo de Jeanine Áñez, al que denomina interino, también apunta a particulares como promotores y protagonistas de actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados.

“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas”, señala una de las conclusiones.

Dicho informe señala que esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas.

“Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas al reconocimiento de su calidad de víctimas”, sugiere el GIEI de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Juicio a Evo Morales

La oposición también demandó un juicio de responsabilidades en contra de Evo Morales, ya que el mismo informe del GIEI establece que fue a partir del desconocimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016 se generó inestabilidad política en el país. 

El exmandatario en su intento por perpetuarse en el poder logró hacerse habilitar para un cuarto mandato por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que desconoció la voluntad del pueblo y se tomó atribuciones que no le correspondía al interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos con su sentencia 084, al señalar que la reelección indefinida era un derecho humano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recientemente dejó en claro que la reelección indefinida no es un derecho humano.

Morales se presentó en unas cuestionadas elecciones en octubre de 2019, que luego fueron denunciadas de fraudulentas por la Organizaciones de Estados Americanos (OEA). 

La OEA a pedido del Gobierno de Evo Morales; realizó una auditoría integral a las elecciones de octubre de 2019, y concluyó que: “hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”. A pesar de ello, la Fiscalía, cuestionada en su accionar por el GIEI, cerró el caso fraude basado en un informe pagado a la Universidad de Salamanca.

El informe de la OEA que confirmaba lo que se denunciaba desde diferentes ámbitos generó protestas ciudadanas, que luego se convirtieron en actos de resistencia en las calles que fueron brutalmente reprimidas, en unas ocasiones por policías, y en contras por grupos afines al MAS como cooperativistas que usaron hasta dinamitas en contra de la población movilizada.

BD