La CIDH admite denuncia por las muertes en La Calancha en 2007

Brújula Digital |20|08|2021|

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia por las muertes de Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo en La Calancha (Sucre) ocurrido en 2007.

"En el presente caso, y luego de considerar los procesos judiciales internos como un todo, desde la perspectiva del análisis del agotamiento de los recursos internos, la CIDH observa que a pesar de que han pasado cerca de catorce años desde que ocurrieron los hechos denunciados, las ejecuciones de los señores Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo se encuentran, prima facie, sin ser debidamente investigadas y sancionadas, a la espera que la Cámara de Senadores autorice juzgamiento. En razón a ello, la Comisión considera que resulta aplicable el artículo 46.2.c) de la Convención Americana" señala una parte del análisis sobre el agotamiento de los recursos internos del caso.

La decisión fue asumida el 8 de julio de este año e indica que después de examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes, "la Comisión estima que los alegatos del peticionario, referidos a la ejecución de las presuntas víctimas por integrantes de la Policía mientras participaba en una protesta y la alegada impunidad de estos hechos, no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo. De verificarse como ciertos los hechos denunciados, estos podrían caracterizar violaciones a los derechos establecidos en los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de expresión), 15 (reunión), 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos), en perjuicio de la presunta víctima admitidas en el presente informe y sus familiares".

En ese contexto, la CIDH declaró "admisible" la petición en relación a los derechos arriba mencionados de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El 23 de noviembre de 2007, después de que la Asamblea Constituyente que se desarrollaba en la ciudad de Sucre decidió trasladar sus sesiones al Liceo Militar en medio de un clima de tensión social, se registraron enfrentamientos entre civiles y la Policía con un saldo de tres fallecidos como consecuencia de la represión: Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo.

Familiares y abogados presentaron la denuncia contra los presuntos autores en 2008, entre ellos el exministro de Gobierno de entonces Alfredo Rada, los exjefes policiales Miguel Vásquez, Jorge Espinoza y José Galván. También fue denunciado el expresidente Evo Morales, pero éste fue excluido del proceso.

Sin embargo, el juicio de responsabilidades no progresó hasta ahora en la Asamblea Legislativa y tampoco se desarrollaron investigaciones para dar con los autores de las muertes.

La petición ante la CIDH fue presentada el 28 de septiembre de 2015 y según señala la comisión hasta la fecha la investigación "se encuentra detenida" en la Asamblea Legislativa "a la espera de una autorización de juzgamiento".

La Comisión señala que el Gobierno boliviano, consultado en este caso, dijo que la CIDH "carece de competencia material para declarar una violación a cualquier disposición de los Convenios de Ginebra o de sus protocolos adicionales; y enfatiza que tales normas no aplican para situaciones de convulsiones o protestas internas. Además, sostiene que la CIDH tampoco tiene competencia personal para analizar las violaciones abstractas alegadas por la parte peticionaria".

También indica que la petición e inadmisible porque no se habrían agotado los recursos de jurisdicción interna.

BD/JCV