El MAS cierra filas para evitar el enjuiciamiento de Evo

Brújula Digital |20|08|2021|

La propuesta de que el expresidente Evo Morales afronte un juicio de responsabilidades por la violencia y vulneración de derechos humanos en 2019 conforme al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) puso en alerta al MAS y de inmediato cerró filas en defensa del jefe de su partido.

La defensa del exmandatario va desde el vicepresidente del partido, Gerardo García, hasta ministros del presidente Luis Arce.

La oposición tuvo un año para procesar a Morales afirmó García en referencia al gobierno de Jeanine Añez. “Pudieron sentenciarlo pero no han encontrado absolutamente nada contra nuestro hermano” afirmó en una rueda de prensa

junto a dirigentes de organizaciones sociales del MAS.

Lo que más preocupa, según dijo, es el “ataque a la imagen” del exmandatario. “En los sectores sociales hay preocupación de que estén atacando a nuestro hermano Evo Morales, sin ningún motivo” dijo.

No se trata de una opinión del que secunda a Morales sino de una determinación del llamado “Pacto de Unidad”, integrada por organizaciones sociales leales al expresidente, para evitar un proceso contra su líder después de que la Fiscalía propuso una acusación contra Añez por “genocidio”.

El informe del GIEI-Bolivia concluye que en el gobierno de Morales y de Añez se registraron graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis política que derivó en la renuncia y huída del primero, y la posesión de la primera como Mandataria.

Sin embargo, el MAS y el gobierno de Luis Arce realizan una lectura sesgada del documento y apresuran el juicio contra la expresidenta Añez, ahora detenida en la cárcel de Miraflores.

“El Pacto de Unidad y toda la militancia del MAS IPSP en su conjunto determinan el respaldo y defensa y cuidado de nuestro líder histórico y hermano Evo Morales Ayma ante los ataques del imperialismo y la derecha boliviana y los grupos antidemocráticos que fueron los autores del Golpe de Estado y las graves violaciones de los derechos humanos en el gobierno de facto” señala una de las resoluciones del “Pacto de Unidad”.

No obstante, el aludido desafió a los opositores a enjuiciarlo en cualquier vía porque saldrá airoso e inocente como en los procesos que le fueron abiertos durante su mandato de 14 años lo que fue interpretado por la oposición como la expresión de que Morales “controla” a los operadores de justicia.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, trazó la línea de acción de su partido en el juicio de responsabilidades en contra de la exmandataria. “Si el Gobierno trata de iniciar un juicio de responsabilidades contra Añez, por supuesto también tiene que estar sentado en el banquillo de los acusados Evo Morales” afirmó.

CC también demanda la reforma de la justicia porque según el informe de la GIEI ésta carece de independencia y reprobó su labor en la pesquisa de las graves violaciones y derechos humanos durante 2019.

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que no aceptará las condiciones del partido de Carlos Mesa. “Lo que no puede ocurrir es que permitamos o se cree un manto de impunidad o que nos planteen un pacto de silencio, no hacemos juicio a Evo no hacemos juicio a Jeanine, es una cuestión de Estado garantizar justicia para los bolivianos para los que han muerto, para sus familias y para los afectados de las graves violaciones para los derechos humanos” afirmó en una entrevista con la red ATB.

Explicó que se estima que el juicio contra Añez será administrado por nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia que serán elegidas en comicios judiciales y que serán preseleccionados por la Asamblea Legislativa en la que Comunidad Ciudadana y Creemos, de Luis Fernando Camacho, tienen asambleístas.

Lima presiona a Mesa y Camacho para que puedan aprobar el juicio de responsabilidades contra Añez por las masacres de Senkata y Sacaba en base a las recomendaciones del GIEI; no obstante, ese documento también establece graves vulneraciones en el mandato del líder del MAS, quien gobernó hasta el 10 de noviembre de 2019.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que los pedidos de juicio en contra del exgobernante están “fuera de foco y de contexto” porque no tendría la misma responsabilidad que Añez. “Evidentemente en ambos gobiernos, de Jeanine Áñez y de Evo Morales, ha existido vulneraciones a los derechos humanos, pero en el gobierno de Jeanine Áñez hubo una participación activa del gobierno nacional y del nivel central del Estado al emitir ese Decreto Supremo que se convirtió en una licencia para matar. Ese decreto fue aprobado por el gabinete de la muerte que quitó la vida de decenas de bolivianas y bolivianos en nuestro país”, afirmó.

La oposición sustenta su pedido en el informe del GIEI que establece que la emboscada con armas de fuego a una caravana de mineros en Playa Verde y los abusos sexuales en Vila Vila en contra de opositores a Morales ocurrieron durante su mandato. Además identifica la participación de autoridades en la organización de bloqueos de caminos e incumplimiento de sus obligaciones en la pacificación del país.

Varios testimonios señalan que las movilizaciones de los sectores sociales del MAS fueron coordinadas y dirigidas por Morales, Álvaro García Linera, ministros y mandos medios de su gobierno, entre ellos el ahora ministro de Gobierno.

BD/JCV