Tras informe del GIEI, Fundación para el Debido Proceso sugiere revisar juicios abiertos por hechos de 2019

Brújula Digital |18|08|21|

Tras conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos violentos de 2019, la Fundación para el Debido Proceso considera que deben revisarse todos los procesos judiciales iniciados a raíz de esas acciones, por vulneraciones a los derechos humanos tanto en el gobierno de Evo Morales como en el de Jeanine Añez.

Ramiro Orías, oficial de programa de la Fundación Para el Debido Proceso, sostuvo que el informe del GIEI es “ecuánime”, debido a que hace una revisión y relación de hechos sucedidos no sólo en el gobierno de Añez, sino también en el de Morales. En este caso destacó que el estudio no se refiere a que hubo o no “golpe de Estado”, como sostiene el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), o fraude electoral, como lo señala la oposición.

El informe del GIEI, entregado el martes luego de casi ocho meses de investigación, señala que “la evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”.

Además, entre otros aspectos, el GIEI establece que “en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares”.

El grupo de expertos halla vulneraciones a los derechos humanos no sólo en el gobierno de Añez, sino también en el de Morales, por lo que, según Orías, se deben revisar los procesos instaurados a raíz de esos hechos, algunos cerrados y otros en curso, entre ellos el caso del cerco a ciudades para impedir el ingreso de alimentos, la muerte de personas en Montero, el ataque de mineros a una caravana, la quema de los buses Pumakatari o el incendio de domicilios registrados en noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales a la Presidencia, luego de ser acusado de cometer un fraude electoral en los comicios de octubre de ese año.

Orías advierte que el GIEI sostiene que la tipología del delito de terrorismo en Bolivia no está acorde con los estándares internacionales, por lo que éste debe ser adecuado, para que los procesos instaurados en contra de Morales y Añez, por esa figura legal, también sean revisados.

Otro de los aspectos cuestionados por Orías es el hecho de que la Fiscalía no actuó de manera imparcial, debido a que, por ejemplo, en el ataque de mineros afines al MAS a una caravana en Vila Vila (Oruro), registrado el 9 de noviembre de 2019, cerró el caso porque la parte acusadora no presentó mayores elementos de prueba, cuando la función del Ministerio Público es buscar precisamente esas evidencias en defensa de las víctimas.

Con base en esas observaciones y en el requerimiento de una justicia independiente de parte del GIEI, Orías señala que en el país se tiene que dar curso a una “agenda de concertación nacional”, para lograr esa independencia en el Órgano Judicial y procesos adecuados.

La intención de reformar la justicia debe estar impulsada al más alto nivel político, acotó Orías, quien indicó que esa intención debe partir del presidente Luis Arce y de los políticos del oficialismo y la oposición, de la Asamblea Legislativa, hasta llegar a actores de la sociedad civil, entre ellas instituciones y organizaciones representativas.

BD/JJC