Política | 17/08/2021

GIEI asegura que no analizó si hubo "golpe de Estado", pero Arce insiste en que sí

“No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención”, señala parte del informe del GIEI.

Luis Arce y Patricia Tappatá en la entrega del informe del GIEI.

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Brújula Digital |17|08|21|

El presidente Luis Arce, insistió este martes, luego de la entrega del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)-Bolivia, que en 2019 hubo un presunto “golpe de Estado”, pese a que la experta en Derechos Humanos –que formó parte del GIEI–, Patricia Tappatá, aseguró que el Grupo no dilucidó si hubo fraude o golpe de Estado.

“(En) una reunión del 12 de noviembre de 2019, en el Senado sin el quorum previsto en el reglamento, Jeanine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores y luego también sin el quorum requerido en el recinto de la ALP, Añez se declaró presidenta interina del Estado. Ingresó al palacio quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. ¿Si esto no es un golpe de Estado? ¿Qué más pruebas podemos pedir?", arremetió Arce en la presentación del informe en el auditoria del Banco Central de Bolivia.

Minutos más antes, la experta que conformó parte del GIEI, Patricia Tappatá, dijo que el informe presentado este martes “no ingresó a dilucidar si los problemas entorno al proceso electoral constituyeron un fraude o 'golpe de Estado, ni tampoco consideró las denuncias recientes referidas a participaciones de Estados en la provisión de armas".

Sin embargo, Arce aseguró que con la posesión de Añez, como presidenta transitoria, se rompió el orden constitucional.

Asimismo también pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar un juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en 2019 y al Ministerio Público asumir las recomendaciones del organismo internacional.

No obstante, el GIEI destacó que el trabajo que realizado “no equivale a una investigación penal”. A la vez añade que “a lo largo de este informe, y a continuación, se formulan varias recomendaciones sobre la investigación y el procesamiento penal que deben realizar las autoridades competentes” y enfatiza que “de ningún modo, el presente informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”.

En su intervención, el mandatario solamente mencionó los hechos ocurridos en la zona de Senkata, de la ciudad de El Alto, y en Sacaba, Cochabamba, y obvió los hechos sucedidos en Vila Vila (Potosí) Montero (Santa Cruz) y en Challapata.

A lo que el informe señala que “es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas".

BD/MC



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