GIEI afirma que en crisis de 2019, Policía y FFAA hicieron uso excesivo de la fuerza

Brújula Digital|16|08|21|

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que arribó al país en la víspera, concluyó en su informe referido a la crisis política y social que vivió el país, tras las elecciones de octubre de 2019; que en el último trimestre de ese año, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia, y que las Fuerzas Armadas y la Policía hicieron uso excesivo de la fuerza pública.

“En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 38 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas”, señala el informe extraoficial al que accedió Brújula Digital.

El informe que incluye el último de periodo del Gobierno de Evo Morales y al de Jeanine Áñez, al que denomina interino, también apunta a particulares como promotores y protagonistas de actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados.

“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas”, señala el informe que será divulgado hoy.

Dicho informe contempla las protestas sociales realizadas en contra del entonces denunciado fraude electoral. Comprende los hechos suscitados de violencia antes y después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en La Paz, Santa Cruz, Montero, Cochabamba, así como en Sacaba y  Senkata.

Confirma que hubo masacres tanto en Sacaba, Cochabamba, como en Senkata, El Alto, donde el uso excesivo de la fuerza pública por parte de policías y militares derivó en varias personas muertas por arma de fuego. Pero también se citan casos puntuales de tortura física y psicológica de detenidos. En el caso de las mujeres se rescatan relatos de abuso sexual, intimidación y otros hechos muy graves de degradación cometidos uniformados..

“Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas al reconocimiento de su calidad de víctimas”, sugiere el GIEI.

En esa línea señala el grupo, que no se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención.

“Las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia, que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas, no ocurrieron de modo inesperado”, advierte el informe.

En el análisis de los expertos, esos hechos de violencia fueron precedidos por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento.

Evo Morales, tras ver el creciente reclamo en torno a las cuestionadas elecciones de octubre 2019, llamó a sus seguidores a defender a su Gobierno, y luego a bloquear carreteras, tras conocerse el informe técnico jurídico de la Organización de Estados Americanos que dio cuenta de la imposibilidad de avalar ese proceso electoral por estar viciado de dolosos actos con la intención de influir en los resultados

“Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia”, señala el documento.

En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, el GIEI advierte que se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana.

“Las adhesiones políticas fueron peligrosamente radicalizadas y en momentos trascendentes de la vida de Bolivia, pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales”, señala el informe.

La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados, recomienda el grupo.

“Las transformaciones operadas en Bolivia en busca de una sociedad más diversa e inclusiva no estuvieron acompañadas por la recreación o la reforma de dos de las instituciones claves para el funcionamiento de la democracia. La administración de justicia y las fuerzas de seguridad, directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio”, observa el informe.

“Cuando las violaciones a derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se instala la impunidad”, advierte el informe.

Por esta razón, señala el Grupo que es fundamental que se avance con las investigaciones y procesos judiciales de rendición de cuentas. “Sin embargo, estos procesos no pueden significar una nueva victimización para quienes ya sufrieron graves alteraciones en sus planes de vida, o en la vida de las familias que aún están en duelo por los ausentes”, sugieren los expertos.

El GIEI observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones en garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones.

El grupo de expertos deja establecido en su informe que no equivale a una investigación penal. “Se formulan varias recomendaciones sobre la investigación y el procesamiento penal que deben realizar las autoridades competentes. De ningún modo, el presente informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”, enfatiza.

El GIEI Bolivia fue integrado por cinco personas expertas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos como son: Juan Méndez, Julian Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá. Asimismo, Jaime Vidal.

BD