Fiscalía descalifica informe de la OEA y ratifica el cierre del caso fraude electoral

Brújula Digital |10|08|21|

Una vez que la OEA ratificó su informe de 2019 que dio curso a la denuncia de fraude electoral, el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, afirmó este martes que el Ministerio Público no emitirá criterios sobre pronunciamiento o documento de “carácter político y parcializado” respecto a hechos los comicios observados y corroboró el sobreseimiento en el caso que se dictó hace dos semanas.

“El Ministerio Público no se va a referir a ningún pronunciamiento o documento de carácter político y parcializado, mucho menos de documentos que no llevan ni siquiera una firma o rúbrica de sus autores anónimos que sobrevengan a los resultados técnico-científicos y otros elementos colectados que han sido parte de una investigación penal integral, pública, objetiva y transparente, cuya validez e importancia es incuestionable. Vamos a ser claros, para el Ministerio Público este es un tema resuelto y no entraremos al debate con nadie”, dijo Quispe. 

Ayer, lunes, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó sus hallazgos del Análisis de Integridad Electoral sobre las elecciones 2019, por lo que concluye que no es, ni será posible, garantizar la integridad sus resultados, y lamentó el informe de la Universidad de Salamanca, encargado por la Fiscalía General del Estado, pese a admitir graves hallazgos en materia informática e imperdonables errores, concluya que “no supuso una manipulación de los datos".

El Gobierno, a través de la Cancillería también desconoció el informe de la OEA y, al igual que la Fiscalía, dio validez a un reciente informe de tres consultores españoles que indicaron que no hubo manipulación del cómputo en ese proceso electoral. Sostuvo que el informe del organismo terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas.

Quispe, este martes, indicó que “sería incongruente para el Ministerio Público pronunciarse sobre documentos que se limitan a decir muchas cosas que pueden o no ser verdad, sin evidencias contrastables y peor aún, que no tengan base técnica”.

En 2019, el gobierno del entonces presidente Evo Morales firmó un convenio con la OEA para que realice la auditoría electoral, cuyo resultado sería vinculante para ambas partes. Sin embargo, ese carácter fue desconocido por el Gobierno y también por el Ministerio Público.

En esta jornada, Quispe explicó que se deben separar dos aspectos, “la parte política en el que existen pactos y acuerdos políticos y la parte técnico-jurídico. Para nosotros el informe de la OEA viene a ser un indicio más dentro del proceso de investigación, pero no es vinculante. Para que sea vinculante debería haberse convertido en Ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Hace dos semanas, Quispe rechazó la validez del documento de la OEA, debido a que, según dijo, no se había hecho el trabajo sobre todo el proceso electoral, sólo sobre una parte del mismo, lo cual le restaba validez.

BD/JJC