Conade presenta una “agenda de la democracia y la vida” de 7 puntos

Brújula Digital |07|08|21|

Luego de emitir su “informe sombra” de evaluación del gobierno de Luis Arce, con motivo del 196 aniversario de independencia de Bolivia, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) definió una “Agenda de la democracia y la vida” de siete puntos, demandas que serán exigidas a través de movilizaciones.

El “informe sombra” es paralelo al mensaje que emitió el presidente Luis Arce, en el que se hace una evaluación de los temas que “no se tocan” desde las esferas del Gobierno. En este evento realizado de manera virtual, participaron Manuel Morales, representante del Conade, Antonio Rivera, Adolfo Chávez, Miguel Crespo, Franco Albarracín, Alejandro Almaraz y Eduardo Pinedo, entre otros. 

Morales indicó que esta agenda es “unitaria” y que las plataformas ciudadanas se encargarán de realizar movilizaciones para exigir su cumplimiento. 

El primer punto de esta agenda es la “independencia y transparencia del poder judicial”, en la que solicitan la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa, por ordenar el cierre del caso fraude electoral en los comicios de 2019; el respeto pleno al referéndum del 21 de febrero (21F) de 2016 que dijo No a una repostulación indefinida a la Presidencia de Evo Morales y la anulación de la sentencia constitucional que permitió que Morales vuelva a ser candidato con el argumento de que es un “derecho humano”.

 Además, también solicitó el esclarecimiento pleno de las investigaciones abiertas para hallar a los responsables del fraude electoral de 2019, y de todas las muertes registradas en ese año, entre ellas las de Senkata y Huaylllani.En este punto, la agenda también exige la anulación del decreto supremo de amnistía para los militantes del MAS que eran procesados por los sucesos violentos de 2019, además de una reforma total del Órgano Judicial y del Ministerio Público, que, según señala, se han convertido en “órganos represivos” del Gobierno.

El segundo punto de la agenda es el “alto a la represión política”, en la que piden la libertad de los presos políticos, entre ellos exjefes militares y policiales, además de exautoridades del gobierno de Jeanine Añez, el cese de la “persecución política”; e investigación de las personas que detuvieron indebidamente a personas.

El tercer punto de la agenda tiene que ver con el “respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana”. Para ello exigen que se anule la ley que modifica la Ley Orgánica de la Policía Boliviana que “subordina a la institución a un mando partidario”; el nombramiento meritocrático de autoridades militares y policiales y el cese de procesos en contra de exjefes con el fundamento de desobediencia a cumplir órdenes para la represión en 2019.

La “legitimidad del sistema electoral” es el cuarto punto dela agenda fijada por el Conade. En éste exigen una auditoría independiente al padrón electoral; la restitución de vocales electorales departamentales designados en el gobierno de Añez y el cese del “hostigamiento” del gobierno a la vocal Rosario Baptista; la reposición del sistema de Difusión de resultados preliminares (Direpre); y la reforma integral del sistema electoral.

El quinto punto de la agenda fijada por el Conade es la “defensa eficaz de la salud frente al coronavirus”, en el que demandan el cumplimiento de la Ley 1349 “extraordinaria para garantizar la atención y tratamiento por parte del Subsector Privado de Salud”, para que el Estado asuma los gastos de enfermos por Covid; la abrogación de la Ley de emergencia Sanitaria y su reglamento; la vigencia del 10% del presupuesto del Estado para la salud; y la contratación del personal médico necesario para la atención de pacientes por coronavirus, entre otros.

La “defensa de los pueblos indígenas de la naturaleza y del derecho a la tierra” es el sexto punto. Mediante este campo, el Conade exige el desalojo de asentamientos en áreas protegidas, territorios indígenas y tierras fiscales especialmente durante los últimos años del gobierno del MAS; respeto a la independencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y cierre del mercado paralelo de Kalajahuira; eliminación de cocales de áreas protegidas y abrogación de leyes y decretos que autorizan el chaqueo de terrenos.

El último punto, el séptimo, lo denominaron “defensa de la economía popular y reactivación económica”, en el que piden un acuerdo nacional para la reactivación de la economía, la devolución parcial de los aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y definición del uso de los recursos como el litio.

BD/JJC