Cedib alerta uso frecuente de medios estatales para divulgar noticias falsas y justificar persecución

Brújula Digital|16|07|21|

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) alerta del uso frecuente de los medios estatales para divulgar noticias falsas y justificar persecución política

“Llama la atención el uso frecuente de medios estatales para divulgar noticias falsas sobre la pandemia o, incluso, para justificar actos de persecución política. En estos últimos tres meses, entidades del Gobierno y líderes políticos del partido oficialista dieron al menos 53 mensajes o discursos engañosos”, señala el Cedib.

En el “Reporte sobre los Derechos Humanos en Bolivia” que contempla los meses de abril, mayo y junio, se establece que la mayoría de los discursos engañosos fueron difundidos a través de cuentas oficiales de instituciones estatales.

En el mismo periodo de 2021, el Cedib a través del monitoreo de información difundida por medios impresos, identificó ataques en contra de defensores de derechos humanos y la continuación de proyectos y acciones que afectan los derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente.

“La situación general de los Derechos Humanos en este periodo está relacionada con las deficiencias en la gestión de la pandemia, la escalada de la persecución judicial contra opositores políticos y las prácticas recurrentes de desinformación desde instituciones estatales”, señala el informe.

De acuerdo a la información publicada a nivel nacional por el Ministerio de Salud, hasta el 28 de junio 433.935 personas se contagiaron con Covid-19, de las cuales 16.581 fallecieron.

Varias organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, colectivos de profesionales de la salud, denunciaron según el informe, un mal manejo de la pandemia como los posibles beneficios a determinados funcionarios públicos, la desinformación proveniente de instancias del gobierno, y la falta de organización en lo que concierne a la administración de vacunas.

La situación del área de salud sigue siendo precaria, debido a la falta de pago al personal médico, la ausencia de protocolos y condiciones logísticas para enfrentar la pandemia, y la omisión en la dotación de insumos necesarios de bioseguridad.

Según la información revisada por el Cedib, aún persiste la persecución política relacionada con el supuesto “golpe de Estado”. “Cuarenta y una personas son víctimas de procesos irregulares e infundados”, señala el informe.

“En este contexto, llama la atención el uso frecuente de medios estatales para divulgar noticias falsas sobre la pandemia o, incluso, para justificar actos de persecución política”, alerta el documento.

Por ejemplo, señala que en relación con la Covid-19, en tres ocasiones la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón “divulgó datos erróneos sobre el promedio de vacunación en el país, el desempeño del Gobierno en la administración de la pandemia y el total de fallecidos durante la primera ola”.

Del mismo modo se establece que los ministerios de Justicia y de Gobierno utilizaron sus redes sociales al menos 44 veces para atacar y acusar a líderes de oposición.

“También, es alarmante la persecución en contra de la defensora de derechos humanos Melisa Ibarra, quien es víctima de campañas de desprestigio, amenazas y actos de criminalización”, indica el documento.

El proyecto de Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, también preocupa al Cedib, porque plantea un régimen de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas. La Ley 351, del 19 de marzo de 2013, y su decreto reglamentario son normas que obstaculizan el normal funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) al obligarlas a “adecuar” su estatuto y “objeto social” a los parámetros establecidos por el Gobierno.

“La nueva propuesta de ley contra la corrupción, en su artículo 229, establece que las organizaciones que desvíen su “objeto social”

para fines ilícitos serán sancionadas penalmente. Una interpretación vaga y poca precisa de la Ley 351 y de este proyecto puede facilitar en el país un escenario de criminalización hacia las organizaciones no gubernamentales”, alerta el Cedib.

Según el registro hemerográfico del Cedib, en abril, mayo y junio se reportaron al menos 20 situaciones que implicaron una vulneración o un riesgo para los derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente, de estas 12 están vinculadas al extractivismo o a la construcción de grandes infraestructuras.

BD