Suspenden audiencia de exanalista de la AJAM y abogado denuncia retardación y anomalías

Brújula Digital|06|07|21|

La falta de notificaciones a las partes a cargo de la jueza Cuarto Anticorrupción, Melina Lima Nina, provocó que no se desarrollara la audiencia de incidentes planteada por la defensa del ex analista de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Diego Benavides, hijo de un Diputado de Comunidad Ciudadana (CC).

La información fue proporcionada a Brújula Digital por el abogado Juan Carlos Camacho, defensor del exjurista de la AJAM quien se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro, luego que fuera imputado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias; incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, en el ejercicio de sus funciones durante el año 2020.

Sin embargo Camacho advirtió que la audiencia de incidentes es muy importante debido a que la imputación adolece de vicios de nulidad. “Se trata de vicios absolutos, son defectos absolutos y por eso se está buscando la anulación de la imputación como tal, pero también se ha presentado incidentes a varios actos investigativos fuera de la ley que ha merecido la tutela de una acción de libertad”, dijo.

El jurista explicó que ambas audiencias debían concentrarse, “pero como la jueza está acostumbrada a dilatar” no se llevó adelante la audiencia porque el Juzgado Cuarto Anticorrupción no realizó las notificaciones.

Entre las irregularidades del caso Camacho mencionó que el fiscal Adolfo Trujillo inició investigaciones en contra de su defendido pero no puso en conocimiento del Juez el inicio de investigaciones, que es un acto que se da a inicio de la etapa preliminar, preparatoria y consiguientemente a la etapa de juicio.

“Es decir, una etapa súper importante por la cual se hacen los cómputos de los plazos, del control jurisdiccional de un proceso a cargo de un Juez no se la hizo, y si no se tiene este control jurisdiccional todos los actos que se estén haciendo son ilegales y eso es lo que ha ocurrido”, señaló.

En ese marco dijo que todos los actos de dicho Fiscal, como el inicio de investigaciones y todos los requerimientos son pasibles de nulidad porque no contaron con un control de garantía.

“Como se ha hecho un control de garantías se ha solicitado una acción de libertad que nos ha concedido la tutela porque no había inicio de investigaciones. En esa acción de libertad se determinó que estos actos fueron ilegales”, subrayó.

En cuanto a la imputación propiamente dicha dijo que presenta contradicciones y debilidades pues la Fiscalía no fundamenta los tipos penales que atribuyó a Benavides.  “No determina un lugar, un tiempo, un modo concreto y presenta contradicciones y por eso se interpuso el segundo incidente”, explicó.

El proceso se inició por tres tipos de delitos: uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la CPE y las leyes, incumplimientos de deberes.

“¿Qué dice la Fiscalía?, ¿cuál es la tesis de la AJAM?; que el señor Benavides en su calidad de auxiliar analista legal ha emitido una resolución que ha beneficiado a terceros y ha incumplido sus deberes respecto a un trámite de concesiones mineras que inicia el 2012 la Cooperativa San Miguel y pide la concesión sobre 60 cuadrículas que depende de áreas forestales”, señaló.

Ante la falta de normativa que dé pie al derecho minero a favor de dicha cooperativa, el abogado explicó que su defendido, después que el trámite de reserva minera pasó a un archivo trata de subsanar el caso para que la reserva no sea perpetua, porque eso sí ocasionaría un daño económico al Estado.

“El señor Benavides emite un informe en el que recomienda se cumplan observaciones y como no se han cumplido es que se ha rechazado el trámite de la cooperativa San Miguel y es lo que les duele, lo que hizo el abogado es cumplir sus deberes para que esta reserva no sea perpetua e indefinida”, manifestó.

Por eso consideró que es curiosa la tesis que maneja la AJAM, de atribuirle incluso daño económico a Benavides. “Lo que genera daño es darle la reserva a la cooperativa sin norma, cuando no hay normativa que respalde”, dijo.

El 15 de junio, en conferencia de prensa conjunta de la directora ejecutiva de la AJAM, Brenda Lafuente y el viceministro de Desarrollo Productivo Minero, Juan José Carvajal se informó sobre un presunto segundo caso de corrupción cometido en la gestión 2020 por ex servidores públicos de la entidad, en referencia a lo que calificaron un “ilegal rechazo de solicitud de contrato minero del área San Miguel de Huachi”.

En dicha conferencia se mencionó que estuvieran involucrados, el ex Director Departamental de la AJAM La Paz, Marcelo Laura; el ex Jefe de Otorgación de Derechos Mineros de la Departamental La Paz, Vladimir Poma y el exanalista legal departamental, Diego Benavides. Se hizo énfasis en su calidad de “hijo del Diputado de Comunicad Ciudadana, José Guillermo Benavides”.

Sin embargo, la defensa de Benavides observó que el único detenido en este asunto sea Diego Benavides, quien ocupó un cargo de mediana jerarquía, y por tanto, no emitía resoluciones, sino informes.

El Diputado a su turno también señaló que hizo peticiones de informe escritas (PIE) dirigidas al Ministro de Minería para que explique si la actual Directora de la AJAM cumple el perfil para ocupar el cargo que requiere de conocimiento técnico especializado en minería, pero que en lugar de recibir respuestas del funcionario, fue sorprendido con la detención de su hijo.  

Antecedentes

De acuerdo a los antecedentes del caso mencionado por la AJAM, en noviembre del 2012, la Cooperativa Minera Aurífera San Miguel del Carmen presenta ante Corporación Minera de Bolivia (Comibol) la solicitud de contrato de arrendamiento “San Miguel de Huachi” que consta de 60 cuadriculas en el municipio Alto Beni, La Asunta, Palos Blancos, provincia Caranavi y Sud Yungas del departamento de La Paz.

Posterior a la solicitud Sergeotecmin mediante informe técnico establece que esta solicitud se encuentra en Área Forestal; entre el 2012 y 2014 se suspende la tramitación por la vigencia de normas transitorias y entre el 2015 y 2020 continua la suspensión por ausencia de reglamentación específica y se remite el expediente a custodia de archivo.

En la gestión 2020, dijo Lafuente que “oficiosamente se instruye el desarchivo del expediente, emitiendo un plazo de 15 días para subsanar los requisitos y que en octubre del mismo año se dispone el rechazo de la solicitud CAM “San Miguel de Huachi” para efectos de publicación en noviembre de la gestión pasada.

Una vez liberada el área en el sistema y desde el día hábil siguiente, fue solicitada por la Empresa Minera Elusan SRL y la Empresa Minera Golden Perls SRL; sin embargo, al presente no existe normativa específica que permita la prosecución de los trámites que se encuentran en área forestal, quedando los mismos pendientes o supeditados, hasta que se cuente con una normativa o reglamentación especial para su continuidad.

BD JMC