Experto considera clave que víctimas de “delitos de lesa humanidad” en pandemia declaren ante la CPI contra Evo

Brújula Digital|28|06|21|

Para que no queden en la impunidad los delitos de lesa humanidad que pesan en contra del expresidente Evo Morales, el experto en Derechos Humanos, Franco Albarracín consideró fundamental que los testigos y víctimas de los bloqueos perpetrados en agosto de 2020, en plena pandemia, puedan prestar sus declaraciones ante la  Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.

“El problema es que lamentablemente la gente, tanto las víctimas como la exautoridades de Jeanine Áñez, no se están prestando a brindar información, y esa es una de las dificultades con la que se está encontrando la Fiscalía (de la CPI), y creo que influye mucho la persecución política actual”, afirmó el jurista a Brújula Digital.

El jurista hizo referencia a la denuncia oficial que presentó el Estado boliviano a través de la Procuraduría General del Estado durante el Gobierno transitorio en contra de Evo Morales, jefe del MAS y del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por los bloqueos de carreteras en contra de la postergación de las elecciones hasta el 16 de octubre.

La denuncia responsabiliza a los citados por las muertes de al menos 40 pacientes, por falta de suministro de oxígeno medicinal, debido a bloqueos en carreteras durante unas protestas en agosto pasado en Bolivia. Sin embargo, Albarracín habla de aproximadamente 60 fallecidos como consecuencia de los bloqueos.

En análisis del experto, es tanto el temor a la persecución política, que muchos testigos de los bloqueos entre médicos y enfermeras “no se están animando a declarar”.

Como sociedad boliviana dijo que se debe animar e impulsar a que declaren los testigos y víctimas, pues sus testimonios serán guardados con absoluta reserva por la Corte Penal Internacional y sus identidades protegidas.  

“Se debe tomar en cuenta una situación elemental: que sus testimonios y declaraciones son guardados por la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional de forma absolutamente confidencial (…). Son testigos protegidos, pero ellos no se están animando ni siquiera a dar sus declaraciones”, mencionó.

Más allá del miedo, instó a los testigos y/o víctimas y familiares de víctimas a contactarse con la Fiscalía de la CPI a través de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia para buscar justicia.

A diferente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que sanciona al Estado, Albarracín señaló que la Corte Penal Internacional de La Haya identifica a las personas que cometieron los delitos de lesa humanidad e individualiza las penas.

A la larga –dijo Albarracín- la CPI puede establecer medidas de reparación para las víctimas y familiares de víctimas. “Considerando que fallecieron aproximadamente 60 personas como consecuencia de los bloqueos, estimamos al menos 100 testigos”, subrayó.

“La Corte Penal Internacional establece si  ´x ó y´ persona es responsable de violación de derechos e incluso ordena la detención y el encarcelamiento del culpable, la Corte ha liderado el encarcelamiento de líderes, guerrilleros en conflictos armados, dictaduras”, explicó.

La etapa de excepciones preliminares en la que se encuentra la Fiscalía, según el jurista, no tiene un plazo establecido pero estima que hasta fin de año puede pronunciarse la Fiscalía General de la Corte Internacional Penal respecto a la pertinencia de avanzar en las investigaciones del caso.

Contra Evo también pesan denuncias sobre sus presuntas coordinaciones desde México, en noviembre de 2019, durante la crisis política y social tras las denuncias de fraude electoral, con el dirigente cocalero, Faustino Yucra a fin de cercar ciudades para no dejar pasar alimentos. 

BD JMC