Colaborador eficaz y sanciones a empresas, observaciones de la oposición al proyecto de ley anticorrupción

Brújula Digital |28|06|21|

Las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos coincidieron en cuestionar dos artículos del proyecto de ley “De fortalecimiento para la lucha contra la corrupción” que fueron aprobados por la Cámara de Diputados, los referidos a la implementación en la justicia del colaborador eficaz y a las sanciones a empresas mixtas, entre otros.

Los disputados Carlos Alarcón y Erwin Bazán, jefes de bancada de CC y Creemos, respectivamente, informaron que estas observaciones también serán expuestas en por sus alianzas en la Cámara de Senadores, cuando el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados sea tratado después del receso parlamentario que concluirá en dos semanas.

Respecto al colaborador eficaz, Alarcón sostuvo que esta figura, en el caso de la justicia estadounidense, es efectiva, debido a que ese país tiene una cultura y tradición penal que datan se siglos atrás. “Pero en Bolivia, con estos jueces y fiscales totalmente subordinados al Gobierno y al poder político de turno, ese colaborador eficaz se puede volver en el instrumento más idóneo del Gobierno para la persecución política hacia los opositores y para la impunidad para los oficialistas que cometan hechos de corrupción”, cuestionó.

El legislador de CC acotó que la figura del colaborador eficaz, inclusive, puede constituirse en una “bomba de tiempo” contra los derechos y garantías constitucionales.

Bazán expresó su descuerdo porque el testigo clave puede quedar incluso liberado si es que en el proceso investigativo señala a otras personas responsables. “Básicamente es una ley para perseguir”, sostuvo el asambleísta.

En lo relativo a las sanciones por corrupción en contra de empresas que tengan capitales mixtos, según Alarcón, se deja abierta la posibilidad de que en un proceso se sancione a capitales que son lícitos, sean particulares o públicos.

“Cuando se sancione económicamente a la propia persona jurídica, como habilita este proyecto de ley, tratándose de capitales mixtos, los que van a estar pagando los platos rotos van a ser los recursos lícitos del propio Estado, de la sociedad y del pueblo boliviano porque cualquier afectación económica a persona jurídica con capitales mixtos, quiere decir que va a afectar a esos capitales que son estatales”, declaró el diputado de CC.

Bazán cuestionó el hecho de que ahora, con este artículo, el delito pasa a ser institucional y deja de ser personal. Esta situación, rechazó el asambleísta, puede dar pie al Gobierno para “perseguir, callar y silenciar” instituciones.

Alarcón señaló que al margen de esas dos observaciones, en su bancada tienen tres cuestionamientos más, los mismos que están referidos a la reducción de penas a ocho delitos penales; a que se sometan a la “justicia restaurativa” aquellos procesos menores a $us 1 millón, lo que también puede abrirse a casos de corrupción con administradores de justicia; y al establecimiento de los procesos en rebeldía, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aún no se pronunció sobre este tema, pese a que hay un “fallo fantasma” que prohíbe este tipo de procesos en ausencia.

Para el caso de los juicios en rebeldía, Alarcón sostuvo que se debía esperar el fallo el TCP para determinar si estos procesos son legales o no.

El Jefe de la Bancada de CC señaló que esperarán que la Cámara de Senadores trate y apruebe esta norma. En caso de que no haya modificaciones, anunció que se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.

BD/JJC