Arias vuelve a comparecer ante un juez. La fiscalía solicita arraigo y una fianza de Bs30.000

Brújula Digital 09/06/2021

El Alcalde de La Paz, Iván Arias, volverá a comparecer ante un juez en el Tribunal Departamental de Justicia para responder por un supuesto nombramiento ilegal que hizo cuando era Ministro de Obras Públicas, y la Fiscalía, anunció que solicitó el arraigo de la autoridad y una fianza de Bs30.000 para evitar su aprehensión en una cárcel pública.

El Juzgado Tercero Anticorrupción convocó a una audiencia de medidas cautelares por el presunto irregular nombramiento de un funcionario sin título profesional, que hizo Arias cuando era Ministro de Obras Públicas en 2020, informaron fuentes ediles.

La audiencia de medidas cautelares está fijada para las 14:00 horas y allí el juez decidirá la situación legal del burgomaestre paceño que está convocando, sostenidamente, al Órgano Judicial, para responder por presuntas denuncias penales que tiene en su contra.

 “Otra vez a la justicia”, dijo el burgomaestre, que en un poco más de un mes de su gestión fue citado por quinta vez por el supuesto caso de nombramiento ilegal, informó la Agencia de Noticias de la Alcaldía de La Paz.

Según el portal municipal, Arias volvió a denunciar “persecución y acoso político” desde que llegó al sillón municipal el pasado 3 de mayo.

Cada semana tiene que responder a procesos penales que  “obliga a desviar su atención” a la gestión municipal en una coyuntura de emergencia sanitaria que vive el municipio, informó la red de noticias.

Para no quedar aprehendido, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares que tienen que ver con arraigo y una fianza por Bs30.000, detalló también el reporte oficial.

“Desenfoca, pero no dejamos ni dejaremos de trabajar por La Paz que me arraigó  con su voto”,  afirmó el burgomaestre, según la alcaldía.

Arias volvió a recalcar que los nombramientos de personal, que realizó en su calidad de ministro de Obras Públicas, los efectuó “enmarcado en las normas” vigentes y por ello consideró que “no hay argumento” legal para convocarlo a declaraciones ante autoridades judiciales.