Tras el arresto de Murillo, en Bolivia se activan las acciones legales contra el exministro

Brújula Digital |28|05|21|

Tras el arresto del exministro Arturo Murillo en Estados Unidos, por la compra irregular de gases lacrimógenos a través de una empresa estadounidense, en Bolivia se activaron dos acciones legales y operativas en contra de la exautoridad; se inició el trámite de extradición y se ejecutaron al menos ocho allanamientos a viviendas de su propiedad y de su exjefe Sergio Méndez, además de familiares.

La labor del Ministerio Público tomó impulso el jueves, un día después de conocerse el arresto de la exautoridad, cuando el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció el inicio del trámite de extradición, para que la Cancillería solicite a Estados Unidos la entrega de Murillo para que sea sometido a un proceso por la compra de material antimotin con un sobreprecio de $us 2,3 millones. 

Esta semana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que los gases lacrimógenos fueron adquiridos de una fabricante brasileña por $us 3,3 millones, pero que ese producto fue vendido a Bolivia, a través de una empresa estadounidense por $us 5,6 millones. Parte de los $us 2,3 millones de diferencia habría servido para el pago de sobornos a autoridades bolivianas.

Por ese hecho, que fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) por el presunto delito de conspiración para el lavado de dinero en Estados Unidos, fueron arrestados Murillo, su exjefe de gabinete Sergio Méndez y los estadounidenses Luis y Bryan Berkman (padre e hijo), dueños de la empresa intermediaria, y el empresario Philip Lichtenfeld. Tras conocerse este caso, Del Castillo anunció que el Gobierno pedirá la extradición de Murillo.

Los juristas bolivianos Jerjes Justiniano Atalá y Williams Bascopé advirtieron que Estados Unidos optará por la extradición diferida, debido a que antes juzgará y hará cumplir su condena a Murillo, en caso de hallarlo culpable, para después entregarlo a las autoridades bolivianas. En ese caso se indicó que no hay una un plazo fijo establecido para el trámite de extradición.

Murillo, actualmente está privado de libertad en el Centro Federal de Detención, Miami, a la espera de su audiencia judicial, prevista para el 7 de junio. El portal digital del citado centro señala que las visitas a los internos fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

El abogado estadounidense Thomas Becker informó desde Estados Unidos que, en la audiencia de junio, lo más seguro es que Murillo sea detenido preventivamente en una cárcel, al igual que Méndez, debido a que durante el proceso hay el riesgo de fuga, ya que una muestra de esa acción es que el exministro se encuentre en ese país y no en Bolivia. Luis y Bryan Berkman pagaron más de $us 700.000 para defenderse en libertad, debido a que ambos tenían como garantía su empresa.

Mientras tanto, en Bolivia, las autoridades del Ministerio Público reactivaron las pesquisas relacionadas con el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos. Para ello, desde el jueves se llevaron adelante al menos ocho allanamientos a viviendas de Murillo, Méndez, familiares y a una entidad bancaria, donde el exministro abrió cuatro cajas fuertes.

Desde la Fiscalía se informó que en esos allanamientos se decomisaron una serie de evidencias, entre ellas documentos referidos a cuentas bancarias y el CPU de una computadora.

Además, desde el miércoles la Policía aprehendió a tres personas, a Diego A, quien fue cuñado de Murillo e hizo retiros de una de las cuatro cajas fuertes del exministro; al capitán Daniel B., exayudante de órdenes del exmnistro de Gobierno, y a Ivar G. A., exjefe de seguridad del Ministerio de Gobierno. Los dos últimos están implicados en el depósito de Bs 100.000 en la cuenta de la exautoridad, en sumas de Bs 50.000 con una diferencia de 18 segundos, para evadir el control de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

También se informó que cerca de una veintena de personas son investigadas por este hecho, entre ellas la expresidenta Jeanine Añez, quien fue identificada por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, como la “cabecilla” de este grupo, exautoridades del gobierno de Añez y familiares.

BD/JJC