Juristas advierten que EEUU aceptará la extradición diferida de Arturo Murillo

Brújula Digital |27|05|21|

Dos juristas advierten que Estados Unidos, en caso de aceptar la extradición de Arturo Murillo, optará por la extradición diferida del exministro, quien fue arrestado en el marco de una investigación por lavado de dinero por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019. Indican que la justicia estadounidense antes enjuiciará a la exautoridad para hacerle cumplir una condena, si es culpable, para luego entregarlo a Bolivia.

El abogado y exministro Jerjes Justiniano Atalá explicó que la justicia estadounidense tiene dos modalidades de extradición. La primera, la inmediata, mediante la cual deja al ciudadano requerido en frontera, para que de allí sea recogido por agentes policiales. Y, la segunda, la diferida, cuando acepta la extradición, pero antes opta por hacer cumplir una condena en su territorio a una persona tras hallarla culpable.

En criterio de Justiniano, Estados Unidos optará por la extradición diferida, pues ya se avanzó con la investigación sobre la venta irregular de gases lacrimógenos al Estados bolivianos a través de una empresa estadounidense.

Similar explicación sostiene el abogado Williams Bascopé, quien precisó que una extradición es la petición que hace un Estado a otro Estado para que le entregue a un ciudadano, sea nacional o extranjero. Acotó que para que se dé curso a una extradición, hay dos condicionantes importantes, que el requerido no vaya a cumplir una pena de muerte y que no sea un perseguido político. Para el caso de Murillo, señaló que los delitos que habría cometido descartan que tenga el carácter de perseguido político.

“Así como se ha cometido delitos en Bolivia, que se tienen que probar, en Estados Unidos también ocurre esta situación. Lo más seguro es que Estados Unidos lo va a procesar (a Murillo). Si lo encuentra inocente, lo absolverá y lo entregará, así comienza la extradición al Estado boliviano, pero si lo encuentra culpable, le va a hacer cumplir la condena y luego de que cumpla su pena y resarza el daño, le dará la extradición. Lo más seguro es que va a ocurrir este último”, declaró Bascopé.

Para tramitar la extradición de Murillo, explicó Bascopé, el Estado boliviano debe realizar un trámite burocrático y complicado, ya que el exministro es acusado en cerca de ocho procesos judiciales. Antes de presentar el exhorto suplicatorio traducido a inglés, a través de la Cancillería, se debe adjuntar con fundamentos los antecedentes de los casos y demostrar que hay una conexitud en el caso de la compra de gases lacrimógenos, ya que el origen del dinero es Bolivia y el lavado de dinero en Estados Unidos, acotó.

El martes se difundió una investigación que desarrolló el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), mediante la cual de estableció acciones ilegales en la venta de gases lacrimógenos, a través de una empresa estadounidense, al gobierno boliviano durante la presidencia de Jeanine Añez.

En Bolivia, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, precisó que los gases lacrimógenos fueron adquiridos a un costo de $us 3,3 millones de una empresa brasileña, mientras que ese producto fue vendido al Estado boliviano, a través de una empresa estadounidense, por $us 5,6, por lo que hay un sobreprecio de $us 2,3 millones.

En el marco de la investigación, el FBI arrestó a Sergio Méndez, exjefe de gabinete de Murillo, el 21 de mayo en Naples, Florida, acusado de cometer el delito de conspiración para cometer lavado de dinero. También fueron capturados Luis y Bryan Berkman (padre e hijo) y el empresario cochabambino con nacionalidad estadounidense Philip Lichtenfeld, quienes también estarían implicadas en esta transacción a través de una empresa norteamericana.

Según un informe del Departamento de Estado, “Bryan Berkman, Luis Berkman y Luis Lichtenfeld blanquearon luego los pagos a los funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y orquestaron el pago de 582.000 dólares en efectivo para Murillo y Méndez”.

El ministro Del Castillo anunció que el Estado boliviano pedirá la extradición de Murillo, además del exministro de Defensa Fernando López, quien también sería parte de un “clan mafioso” que compró con sobreprecio los gases lacrimógenos en 2019.

BD/JJC