Cinco señales muestran que el aparato estatal opera para limpiar imagen de Evo Morales

Página Siete |16|05|21|

Yolanda Mamani Cayo 

Cinco indicadores muestran que el aparato estatal opera para limpiar la imagen del expresidente Evo Morales, tanto a nivel nacional como internacional. Expertos en análisis político y la oposición coinciden en que esas señales revelan que el oficialismo busca imponer la retórica de que en 2019 hubo un “golpe de Estado”, y apuntalar la imagen de Morales. En tanto que desde el Ejecutivo indican que debían “poner las cosas en orden, porque se encontró un país caótico”. 

Los indicadores están relacionados con el rol de  la Procuraduría General del Estado (PGE),  del sistema judicial,  del Ministerio Público, de las cámaras de  la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y del  Ejecutivo.  

Informe a NNUU 

El 12 de noviembre de 2020, el presidente Luis Arce posesionó  a Wilfredo Chávez -quien fue abogado de  Morales- como procurador general del Estado. A fines de abril de este año, la PGE remitió un informe a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre los hechos de  2019.

En el documento, la PGE concluye que “a raíz de los conflictos postelectorales, Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado perpetrado por dirigentes cívicos, policías, militares, grupos parapoliciales”.

En el reporte también señala  que el entonces vicepresidente Álvaro García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia, situación que  “no sucedió”, y  que no “existe registro alguno” de las renuncias de los entonces presidentes del Senado y de Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente.

Anuncio de embajador  

El segundo indicador es el anuncio que se hizo desde el MAS, el 3 de mayo, de  que Héctor Arce, exministro de Justicia e integrante del entorno de Morales, sería designado como embajador de Bolivia ante la  Organización de Estados Americanos  (OEA).  

Un día después, el vocero presidencial, Jorge Richter, sostuvo que Arce como embajador ante ese organismo se encargará de que el secretario general de esa institución, Luis Almagro, responda por los hechos de 2019. “El señor Héctor Arce tiene una formación jurídica importante que va a permitir también, mirando a los ojos, esto de manera simbólica, a quien fue uno de los principales articuladores, hablamos del señor Almagro”, explicó Richter en una entrevista con Bolivisión. 

No obstante, el viernes, el senador Félix Ajpi (MAS) aclaró que el tema aún se analiza en la Comisión de Política Internacional, después de  que el presidente Luis Arce  pidiera  al Senado que apruebe el  nombramiento.

El sistema judicial 

El tercer indicador está relacionado con  el rol de la justicia. El 26 de octubre de 2020 el juez primero de Instrucción en lo Penal, Román Castro, decidió dejar sin efecto la imputación y la orden de aprehensión que pesaba contra Morales por el llamado “caso audio”, pese a que incluso hay un peritaje internacional, realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia, que concluyó que hay una “alta probabilidad” de que la voz del registro sea de Morales.

A fines de 2020, luego de que el MAS asumiera nuevamente el poder, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a petición de la defensa de Morales, se declaró competente para tratar el caso.  Fue  en ese contexto que el 6 de mayo el presidente de ese tribunal informó que la causa está en la ALP, donde el MAS tiene mayoría. 

La pasada semana, el diputado Juanito Angulo (MAS) anticipó que “en su momento se analizará”, pero desde luego “se rechaza todo proceso contra el expresidente”. La Ley 44 establece que si después de dos votaciones no se cuenta con los votos requeridos, se rechazará la autorización de juzgamiento y se archivarán los obrados.  

 Caso “golpe” en la Fiscalía

El cuarto indicador es el rol del Ministerio Público  en torno al caso  “golpe”. El 27 de noviembre de 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) interpuso ante la Fiscalía una demanda por el caso “golpe de Estado” y acusó a Luis Fernando Camacho, a su padre José Luis Camacho, al excomandante de las Fuerzas Armadas  Williams Kaliman y al excomandante de la Policía  Yuri Calderón de “conspiración y desestabilización” contra el gobierno de Morales.

En marzo de 2021, Patty amplió la denuncia contra la expresidenta Añez. El 13 de marzo, por orden de la Fiscalía, Añez fue aprehendida por el caso “golpe de Estado”. No obstante, juristas sostuvieron que la única vía legal y constitucional para procesar a Añez es a través de un juicio de responsabilidades, por ser exmandataria. 

El 11 de mayo, el Ministerio Público aceptó otra demanda contra Añez, interpuesta por  Andrónico Rodríguez (MAS), presidente del Senado, por la presunta asunción ilegal al cargo y prolongación ilegal de funciones.

Declaraciones camarales 

El quinto indicador es el rol de la ALP. El 17 de marzo, el Senado aprobó una declaración camaral en rechazo a la  supuesta “injerencia” e “intromisión directa” del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que pidió, entre otros detalles, conformar “una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el período del gobierno de transición”.

Por otro lado, el 27 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una resolución  de rechazo al supuesto intento de injerencia de europarlamentarios, luego de que, el 29 de abril, el Parlamento Europeo aprobara una resolución en la que sostiene que Añez, conforme a la Constitución,  cumplió con su deber de llenar el vacío presidencial que provocó la renuncia del entonces presidente Morales, el 10 de noviembre de 2019. En ese contexto, esa entidad legislativa pidió la liberación  de la exmandataria. 

El 5 de mayo, el Senado aprobó otra declaración  “en rechazo contundente y categórico a la acción intervencionista e injerencista del Parlamento Europeo”.

Para Roberto de la Cruz, abogado aymara y exejecutivo de la COR El Alto,  el aparato del Estado está cada vez más en función del expresidente Morales. “A la fecha existe en el poder un trío de hombres a la cabeza de Wilfredo Chávez, Andrónico Rodríguez y Héctor Arce, que buscan entregar nuevamente el poder a Morales, un hombre completamente hambriento por el poder”, afirmó De la Cruz a Página Siete.

El analista Rafael Archondo afirma que la narrativa del “golpe de Estado” apareció después de  que Luis Arce juró como presidente de Bolivia y fue habilitada a destiempo. “La prueba de ello es que el libro que escribió Evo Morales en Buenos Aires no concuerda con este discurso y más bien el libro ha servido para rechazar la idea del golpe”.

El objetivo de esta retórica –según Archondo– es posicionar la imagen de  Morales “y de la vieja guardia” en referencia a que muchos exministros de Morales estén en cargos diplomáticos que llevan al exterior la retórica del “golpe”.

Desde el Ejecutivo, Jorge Silva, exdiputado y actual viceministro de Defensa del Consumidor, sostuvo que en 2019, se produjo “un golpe de Estado”, tras lo cual los administradores de justicia “se cambiaron de camiseta”, iniciando procesos contra las exautoridades del gobierno de Morales;  sin embargo, con las elecciones del 18 de octubre y la victoria de Arce, Bolivia salió  de esa crisis política.

“Terminó el proceso electoral, gana el MAS y obviamente teníamos que poner las cosas en orden porque se encontró un país caótico (…), se asumió la responsabilidad de no venganza sino justicia y abrir estas investigaciones para esclarecer quiénes fueron los verdaderos autores del golpe de Estado”, afirmó Silva.

Para el exdiputado Gonzalo Barrientos, los cinco indicadores son parte de una estrategia del MAS, que en el marco de una “excesiva sed de venganza” busca reposicionar la imagen de Morales,  que busca volver el poder.

“Este Gobierno está al servicio de intereses personales, partidarios y políticos de Evo Morales y de su entorno, vulnerándose todos los derechos constitucionales y derechos humanos (…). Estamos bajo un régimen que encarcela a los opositores con la mentira de un supuesto golpe”, afirmó Barrientos.

La Procuraduría General del Estado

El presidente Luis Arce nombró  al exabogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez,  como procurador general del Estado. A fines de abril, la Procuraduría remitió un  informe a  la Oacnudh, en el que establece que  “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado”.

Embajada de Bolivia ante  OEA 

Héctor Arce,  exministro de Justicia, del entorno de Morales,  se perfila como embajador de Bolivia ante la OEA. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez,  adelantó que su rol será “esclarecer los hechos de noviembre de 2019”. El senador Félix Ajpi (MAS) dijo  el viernes que la designación aún no es oficial.

Órgano  Judicial 

Después de la victoria del MAS en 2020, el sistema judicial dejó sin efecto la orden de aprehensión e imputación que pesaba en contra de Evo Morales por el llamado caso audio. La justicia también archivó los procesos contra sus exministros, dirigentes y otros funcionarios de su gobierno.

Ministerio Público

El Ministerio Público admitió la demanda en contra la expresidenta Jeanine Añez sobre el supuesto caso “golpe de Estado”, causa que se ventila por la justicia ordinaria, pese a que, según los expertos, a la exmandataria le correspondería un  juicio de responsabilidades. Añez está detenida desde marzo.

Asamblea Legislativa

Las cámaras Alta y Baja de la Asamblea Legislativa,   entre marzo y mayo, aprobaron por lo menos tres declaraciones camarales rechazando la “injerencia” y la “acción intervencionista”, de Luis Almagro, secretario general de la OEA,  y del Parlamento Europeo que pidieron   liberar a  la expresidenta Añez.

Punto de vistaRoger Cortez  Investigador social

 “El objetivo es proyectar la imagen de un candidato salvador”  

Luis Arce ha tratado de adaptarse lo mejor posible a las órdenes y requerimientos de la campaña electoral de Juan Evo Morales,   que ya ha empezado, y que se resume en estos cinco indicadores. Primero que todo, tratar de imponer la idea de que Morales Ayma fue víctima de una conspiración y de un golpe, y utiliza a sus funcionarios, a sus leales, para fomentar una idea, que no tiene asidero en los hechos, en la realidad, en los documentos, en los videos, en todos los elementos actuales.

Trata de hablar de un golpe ficticio y se olvida del golpe fundamental, el que él (Evo Morales) ordenó a sus funcionarios del Tribunal Constitucional, que para habilitarlo como candidato han declarado inconstitucionales a varios  artículos de la Constitución Política del Estado.

La tesis de que existió otro golpe, que él tuvo que huir contra su voluntad. Uno de sus funcionarios incluso ha llegado a decir que las renuncias en cascada de quienes deberían ocupar su lugar no se han producido y no sorprendería que pronto nos presenten fotos del exvicepresidente, de los expresidentes del Senado y Diputados, encadenados y capturados por patrullas militares. Todo esto tiende a hacer olvidar la omisión del presidente y vicepresidente de 2019 que huyeron hacia México.

Aunque en este momento no creo que el señor Evo Morales esté empeñado en acortar el mandato del señor Arce, el resultado de su campaña, con todos los componentes que usted menciona, es la causa más probable que puede llegar a alterar una gestión ya inmóvil, paralizada y que se enreda a cada paso por el lanzamiento de esta campaña en favor de Morales, que moviliza ciertamente a gran parte del aparato del Estado, comenzando con la cabeza del Ejecutivo y terminando con todo el sistema judicial, el Ministerio Público y aquel a  quien Morales y sus estrategas electorales llamen para dar fuelle, fuerza e impulso a esta prematura campaña por un Evo que quiere reaparecer en la escena política como salvador del país, del conjunto de problemas que nos ha dejado y que han empeorado por la enfermedad, la contracción económica y sus consecuencias.

El objetivo es proyectar la imagen de un candidato salvador y esto tiende en los hechos, más allá de los deseos y los planes, tiende a acortar el período constitucional del actual Gobierno por su inmovilidad, por su incapacidad y no necesariamente puede ser  un referendo revocatorio, se puede dar algún tipo de elección adelantada ante la incapacidad, ineptitud y la parálisis de un gobierno.

Ahora, es difícil imaginar en Bolivia las circunstancias precisas en que puede producirse una situación de esta naturaleza. Pregúntele sino al señor Morales Ayma si se soñó en algún momento, incluso una semana antes de su escapatoria,  que tal cosa podía ocurrir.