Coimbra dice que no hay pruebas en su contra, señala a la Justicia de “vendida y corrupta”

Brújula Digital |12|05|21|

Al cumplir 60 días de detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, por el caso “golpe de Estado”, el exministro de Justicia, Álvaro Coimbra, afirmó este miércoles que no hay ninguna prueba en su contra y, por el contrario, sostuvo que la Justicia es “vendida” y “corrupta”.

Coimbra, al igual que la expresidenta Jeanine Añez y el exministro de Energía Rodrigo Guzmán, fue encarcelado a mediados de marzo, dentro del caso “golpe de Estado” por el que es acusado de cometer los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

“Terrorismo, sedición y conspiración son los delitos por los cuales hace 60 días estoy ilegalmente preso junto a #JeanineAñez y #RodrigoGuzman, el MAS no ha presentado una sola prueba, sin embargo, la justicia corrupta y vendida se presta a su juego”, se lee en un texto acompañado de su foto y que fue difundido a través de su cuenta de Twitter.

“Nada va a cambiar la verdad, en Bolivia el 2019, HUBO FRAUDE. Todos los que hoy comenten delitos, violando nuestros derechos humanos, más adelante serán juzgados. Espero que estén preparados”, se complementa en el texto que lleva la firma de Álvaro Coimbra como “#preso político”.

En diciembre de 2020, el Ministerio Público admitió la querella presentada por la exdiputada Lidia Patty, quien demandó un proceso por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en contra del excívico cruceño Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, y jefes militares y policiales que sugirieron la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, durante los conflictos poselectorales de noviembre de 2019, luego de que éste fue denunciado de cometer un fraude en los comicios del 20 de octubre de ese año. Esa acusación fue ampliada en contra de Añez y cinco de sus exministros, entre ellos Coimbra y Guzmán.

A fines de abril, el Parlamento Europeo emitió un pronunciamiento en el que solicitó la liberación de Añez, Coimbra y Guzmán. Esta acción fue calificada como una “intromisión” por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

BD/JJC