Organizaciones de la prensa repudian querella del abogado Jhasmani Torrico contra medios y periodistas

Brújula Digital |26|04|21|

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se pronunciaron este lunes de manera conjunta para alertar sobre un posible atentado contra la libertad de expresión, luego de que la jueza penal Sofía Camacho Almanza diera curso a la querella "por difamación y calumnia" que interpuso el abogado Jhasmani Torrico, condenado por delitos de secuestro y tortura, contra periodistas de 13 medios de comunicación de Cochabamba.

“La ANPB y la APLP lamentan que la jueza Sofía Camacho ignore que está en vigencia la Ley de Imprenta, que establece el Tribunal de Imprenta como la jurisdicción especializada en estos casos de libertad de expresión; además, tanto la CPE como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José garantizan el trabajo de los periodistas y medios de comunicación”, señala el comunicado.

El domingo, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Bolivia observó con “preocupación” la conminatoria judicial a 13 medios de prensa de la ciudad de Cochabamba para que entreguen información y nombres de periodistas que investigaron el supuesto secuestro y torturas protagonizados por el abogado Torrico, quien el sábado se benefició con detención domiciliaria pese a que tiene sentencia condenatoria.

La pasada anterior, el jurista condenado a seis años de prisión por delitos de secuestro y tortura, se querelló contra al menos 13 medios de comunicación, y solicitó ante la justicia que brinden información para procesar a los periodistas que investigaron su caso y lograron que sea detenido y posteriormente sentenciado.

La jueza Camacho avaló la petición del denominado “abogado torturador” o “abogángster”, para que los medios brinden la información difundida sobre su caso entre 2019 y 2020.

La ANPB y la APLP señalan que las sanciones penales a periodistas son “desproporcionadas” y “lesionan la libertad de expresión”, debido a que podrían “inducir a la autocensura y a limitar la información, lo cual es perjudicial para una sociedad democrática”.

“La ANPB y la APLP declaran que no permitirán que el abogado sentenciado Torrico y la jueza Camacho vulneren el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y las personas, en su intento de establecer este funesto precedente. Penalizar la libertad de expresión equivale a imponer una mordaza a los periodistas y a la ciudadanía y no lo vamos a permitir. Y reafirmamos que, sin libertad de expresión no hay democracia”, se lee en el comunicado.

En Cochabamba, en las pasadas horas, fue la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa (FSTPC) la institución que anticipó el análisis de posibles acciones para evitar la lesión al trabajo periodístico.

Acnudh señala que “la Misión expresa su preocupación ante la conminatoria judicial emitida en Cochabamba para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados a un caso de interés público”.

Añade que “la Misión recuerda que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, toda presión directa o indirecta dirigida a silenciar o amedrentar la labor informativa de la prensa resulta incompatible con el derecho a la libertad de expresión”.