Coronavirus, conflictos con médicos y cocaleros y juicios a exautoridades, la agenda poselectoral

Brújula Digital |12|04|21|

Tras la conclusión de las elecciones subnacionales, con balotajes en cuatro departamentos, el Gobierno debe atender una agenda de al menos cuatro temas: la polémica lucha contra el coronavirus (Covid-19), los conflictos con médicos y cocaleros de la Adepcoca y los juicios en contra de exautoridades del gobierno de Jeanine Añez.

Mientras se esperan los cómputos oficiales de los tribunales electorales departamentales sobre las segundas vueltas en La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando, para la elección de gobernadores, el Gobierno debe enfrentar la lucha contra la pandemia del coronavirus desde al menos tres frentes.

El primero y el más urgente es la provisión de vacunas para la inmunización masiva; el segundo está relacionado con las medidas de protección en las fronteras del país, especialmente con Brasil, para evitar el aumento de casos positivos, tras la sospecha del ingreso de la cepa brasileña, una variante de Covid.19 más agresiva que el virus original; y, tercero, el anuncio de una denuncia en contra del presidente Luis Arce por discriminación y atentado contra la salud pública.

En el caso de la lucha contra el Covid-19, se anunció para esta semana el arribo de 25.000 dosis de la rusa Sputnik V, cuando en diferentes departamentos ya se anunció la reprogramación de la vacunación masiva contra el coronavirus que debió empezar la semana pasada. De hecho, Santa Cruz optó por no dar curso a la inmunización por falta de vacunas.

En el caso del cierre de las fronteras, el Ejecutivo se vio obligado a ampliar el tránsito vecinal en la frontera con Brasil en el Cobija, después de que la medida fue aplicada por una semana, debido a que el fin de semana ciudadanos brasileños protagonizaron un bloqueo en el punto limítrofe en contra de esa medida.

El nuevo frente que se abrió en este tema es la polémica declaración que hizo el Jefe del Estado en Tarija, cuando el 7 de abril indicó que: “hemos mandado vacunas para el pueblo, para los médicos, no para las familias de los ricos, no para la oligarquía tarijeña”. Por esa afirmación, asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) anunciaron la presentación de una denuncia en su contra por discriminación y atentado contra la salud pública.

La declaración de Arce fue respaldada el fin de semana por el ministro de Salud, Jeyson Auza, quien dijo que los “oligarcas”, valiéndose supuestamente de su poderío económico, “están accediendo a la vacuna” obligando y amenazando a los profesionales en salud “para recibir esta vacuna” contra la Covid-19. Advirtió que los investigará.

El otro tema en agenda a ser atendido por el Gobierno es el referido a los médicos, quienes después de cerca de 50 días, declararon un cuarto intermedio de 7 días en el paro general que iniciaron a mediados de febrero para exigir la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

Los galenos rechazan esa norma debido a que consideran que es “inconstitucional” porque vulnera su derecho a la protesta y porque faculta a las autoridades en salud a contratar a personal que estudio en el exterior, cuando hay médicos que estudiaron en el país y están desempleados.

El presidente electo del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, anunció el envío de cartas al Gobierno para abrir el diálogo encaminado a modificar la Ley de Emergencia Sanitaria.

En el caso de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de la Coca (Adepcoca) de La Paz, desde inicios de marzo, el conflicto persiste entre los dos sectores de esa organización, unos liderados por Armin Lluta, sector opositor al Gobierno, y otros al mando de Elena Flores, afín al MAS. Los primeros se oponen al traslado del mercado de la coca de Villa Fátima a Kalajahuira, en favor de los productores oficialistas.

El fin de semana se informó que el Sindicato de Transporte Señor de Mayo decidió rescindir el contrato de alquiler de sus ambientes para el funcionamiento del mercado de la coca a favor de cocaleros oficialistas del MAS, debido a los daños que sufrieron unos 25 vehículos y 150 viviendas aledañas de Kalajahuira, principalmente por la rotura de vidrios. Un dirigente de esa organización, reveló que este sector espera que el Gobierno dicte una nueva resolución de traslado del mercado de la coca, a otra zona paceña.

Finalmente, en el caso de los procesos a exautoridades del gobierno de Añez, están en curso juicios por las muertes en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) durante el conflicto poselectoral de 2019, además del presunto “golpe de Estado” promovido en esa oportunidad. Por esos hechos, al menos seis exautoridades, entre civiles y militares, guardan detención preventiva y domiliciaria.

A esos procesos se sumaron otras denuncias judiciales en contra de los exministros María Pinckert y Víctor Hugo Zamora, por el nombramiento ilegal de una autoridad y por un presunto daño económico al Estado de $us 524 millones, respectivamente.

BD/JJC