El trabajo de un fiscal y un policía está en la mira por el feminicidio de Wilma F.

Brújula Digital |08|04|21| 

El trabajo de un fiscal y de un policía es cuestionado por diputados y un abogado, respectivamente, en el caso del feminicidio de Wilma F., debido a que la labor de ambos funcionarios no dio garantías ni protegió a la víctima, quien perdió la vida a manos de su exparaja, Marcelino M. A., pese a haber denunciado violencia familiar con anterioridad.

El domingo, Marcelino M. segó la vida de Wilma F. La mató en plena vía pública, cuando la mujer de 27 años salía de un supermercado de la ciudad de Santa Cruz. La fatal agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar. El hecho conmovió a la ciudadanía.

Por este crimen, Marcelino M. fue acusado de cometer el delito de feminicidio. Un juez cruceño que atiende la causa envió al sindicado, en calidad de detenido preventivo, al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, por considerar que la vida de éste corría riesgo en la cárcel de Palmasola.

Tras el desenlace fatal, autoridades y organizaciones de defensa de la mujer cuestionaron el trabajo de las autoridades que atendieron la denuncia de Wilma F., durante la segunda quincena de marzo, debido a que, pese a ordenar su alejamiento, permitieron que sigan viviendo cerca.

El cuestionamiento al trabajo del representante del Ministerio Público se dio luego de revelarse que, semanas antes, el fiscal de iniciales G.B.A. dejó en libertad a Marcelino M.

Por esa acción, los diputados Zulay Mamani Apaza y Renán Cabezas, integrantes de la comisión mixta de investigación de feminicidios y de Constitución, respectivamente, demandaron una sanción.

“Se tiene que investigar todos los hechos ocurridos, ya que la hermana tenía una orden de alejamiento, para que no se acerque el agresor. Se le tiene que sancionar al fiscal, por esa razón también estamos pidiendo todas las investigaciones que se han realizado y cómo han dejado que se acerque el agresor a la hermana Wilma”, declaró la asambleísta Mamani.

Cabezas advirtió que la Cámara de Diputados pedirá que en este caso feminicidio y en otros la pena máxima en contra de los responsables, o sea 30 años de cárcel.

“Lamentablemente hemos visto incumplimiento de deberes de algunos operadores de justicia. Se tiene que dar con los autores, aquellos que han actuado de manera negligente tendrán que ser sancionados de acuerdo a ley… A los fiscales, principalmente al fiscal que tenía que hacer seguimiento y hacer cumplir que el agresor y delincuente no se aproxime a la víctima, se pudo haber evitado este crimen”, acotó Cabezas.

A ese cuestionamiento se sumó la posición del abogado penalista, Joadel Bravo, quien, según un reporte de El Deber, apuntó a la labor del policía que atendió la denuncia de violencia doméstica interpuesta por Wilma F.

Según Arminda F., hermana de la víctima, Marcelino no aceptó el rechazo de su pareja y continuó ultrajándole. Pese a la orden de alejamiento, ambos seguían viviendo en el mismo lugar. Por ese motivo, Wilma F. interpuso dos denuncias en contra de su agresor.

Dos semanas antes del crimen, Marcelino M. fue detenido en la Estación Policial Integral (EPI) de la Radial 17 1/2, por violencia familiar. No obstante, las autoridades que atendieron el caso no garantizaron la protección a la víctima.

“¿Cómo van a dejar que esta mujer conviva con él, si la estaba hostigando constantemente?, el tipo debió ser retirado de la casa y obligado a pagar una pensión para la mujer y sus hijos. No debía tener más contacto con ella. Aquí el que falló fue el policía, que no avisó al fiscal, por lo menos debía haber solicitado medidas de protección. La violación de esas medidas ya es causa de imputación”, advirtió.

BD/JJC