Política | 31/03/2021

Fiscalía amplía investigación contra Wilson Santamaría y otras 4 exautoridades por caso 170 respiradores

En las investigaciones fueron incluidas exautoridades de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, y de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud del Ministerio de Salud. En 2020 se adquirió cada respirador en $us 28.080 cuando el precio real era $us 6.567.

El exviceministro Wilson Santamaría. Foto: RRSS

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Brújula Digital |3|03|21|

La Fiscalía de La Paz amplió este miércoles la investigación por el caso de la presunta compra irregular de 170 respiradores españoles contra el exviceministro Wilson Santamaría y otras cuatro exautoridades subalternas del gobierno de Jeanine Añez.

Santamaría es investigado por la presunta comisión de delito de uso indebido de influencias “tipificado y sancionado en el Art. 146 del CP, en calidad de autores conforme lo señala el Art. 20 de CP, extremo que pido tenga presente a los efectos de ley el respectivo control jurisdiccional sea con las formalidades de ley”, de acuerdo con un reporte de Erbol.

El documento señala que Hernán Avelino Pereira Fernández, exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), es incluido en el caso, además de Rosemary Jacinta Ajpi Calle, exprofesional financiera.

También amplía la investigación a Juan Carlos Cardona, exjefe financiero de la Aisem; y Fernando José Arias Alcérreca, exadministrador regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud del Ministerio de Salud (Ceass). Todos por la presunta comisión de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

La fabricante española GPA Innova vendió respirador básico -modelo adquirido por el Ministerio de Salud- al Gobierno de Bolivia a través de intermediarios; tiene el precio de 6.000 euros (6.567 dólares) y que los accesorios suman dos mil euros más. Por lo cual el modelo básico cuesta en total 8.000 euros, equivalentes a 8.756 dólares. Pero el ministerio de Salud pagó 28.080 dólares.

En septiembre del pasado año, el fiscal general Juan Lanchipa sostuvo que habían suficientes elementos para imputar a los principales investigados y afirmó ya se iba a presentar una acusación para instalar la etapa del juicio.

El gobierno Bolivia pagó en 2020 cerca de 2,2 millones de dólares de un total de 4,7 millones y el Ejecutivo anterior anunció que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.

En la presunta compra irregular de respiradores, además del exministro de Salud, Marcelo Navajas, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el exjefe de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco.

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