Después de 19 días, Gobierno pide sanciones para responsables por 36 operaciones aéreas en Chimoré

Brújula Digital |29|03|21|

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció en la víspera que se sancionará a los responsables por las 36 operaciones aéreas, presuntamente ilegales, en el aeropuerto internacional de Chimoré, ocurridos el pasado 10 de marzo, e incluso anticipó que los hechos serán investigados por la Fiscalía porque ese día supuestamente se cometieron “delitos”.

“Al haberse realizado operaciones en un aeropuerto que no contaba con todos los aspectos técnicos saneados, se puso en peligro la seguridad de los pilotos y de las personas que viajaron con ellos, incurriendo el director general ejecutivo de Aasana en incumplimiento de deberes e infringiendo lo establecido en la Ley 2902 de Aeronáutica Civil, en su artículo 191, al poner en los riesgos las operaciones en el referido aeropuerto. Estamos hablando de delitos que deben ser investigados y sancionados por el Ministerio Público”, dice el documento del Ministerio de Obras Públicas.

En el aeropuerto internacional de Chimoré, ubicado en el trópico de Cochabamba, se realizaron 36 vuelos el 10 de marzo de 2021, el doble de los que se efectúan en la de El Alto, en una jornada normal, y según los trabajadores la supuesta reapertura de esa terminal área no tenía la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo que no conocía el caso y pidió informes.

El secretario de conflictos de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (Aasana), Néstor Villarroel, denunció las 36 operaciones presuntamente ilegales y afirmó que “es muy sospechoso que el director de Aasana (Ruddy Balderrama) no hubiera invitado a esta actividad (reapertura) al ministro (Montaño) ni a ninguna autoridad”.

Después de 19 días, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, emitió la noche del domingo un comunicado, después que en esa jornada se conociera 36 vuelos realizados sin que ninguna autoridad del área, migración ni la fuerza antidroga fueran movilizadas.

Además, según el Ministerio de Obras Públicas, se instruyó a la DGAC que realice un informe al respecto y en ese marco esta entidad realizó una inspección técnica el 18 de marzo, determinando la suspensión de operaciones aéreas al tener observaciones en diferentes áreas.

Al constatarse que se habían realizado operaciones poniendo en peligro a politos y quienes viajaron con ellos, el ministerio del área sostuvo que el director de Aasana incurrió en delitos que deben ser investigados a través del Ministerio Público.

Villarroel denunció que Balderrama abrió el aeropuerto del trópico cochabambino sin que la reapertura de la terminal área fuera informada al ministro Montaño, de cuyo despacho dependen la DGAC y Aasana.

El Artículo 191 de la Ley 2903 establece sanción de uno a seis años de cárcel para el que realice cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de un aeródromo, de un aeropuerto o de la circulación aérea.

El Ministerio agregó que en el presente caso se ha tomado las acciones legales y técnicas necesarias a fin de cumplir con la norma técnica y legal nacional e internacional.